La fiscalía presentó ayer una querella por tráfico de influencias contra Fèlix Millet por el proyecto del Hotel del Palau, en un caso que salpica a responsables del Ayuntamiento de Barcelona y al conseller Antoni Castells, que defendió su gestión, pero rehuyó comparecer en el Parlament.
La querella señala que Fèlix Millet y Jordi Montull se aprovecharon de sus "relaciones personales" con el conseller de Economía para conseguir un convenio que facilitara la permuta urbanística para la construcción del hotel y el compromiso de la Generalitat de recalificar las fincas donde un promotor privado iba a edificarlo.
En su escrito, la Fiscalía señala que Castells firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos para valorar la necesidad y la utilidad de la operación y dejando en manos de Millet la indemnización que tendría que percibir la Generalitat por la "pérdida de valor" que podría acarrear la operación para la administración catalana.
Además, el convenio establecía que a la Fundación del Palau, como titular del suelo que se iba a recalificar, le correspondía una compensación económica de 3,6 millones de euros, que según la Fiscalía pretendían embolsarse Millet y Montull, aunque finalmente no cobraron la comisión al frustrarse el proyecto.
Tras trascender el contenido de esta querella, fuentes del departamento de Economía han señalado que el conseller Antoni Castells "está tranquilo" y colaborará "en lo que haga falta" con la Fiscalía para defender su gestión, aunque rehuirá comparecer en el Parlament, donde el tripartito vetó su presencia en la comisión de investigación sobre el "caso Palau".
Por su parte, fuentes judiciales avanzaron que la fiscalía pedirá al juez que cite a declarar como testigos, entre otros, al propio Castells y también al teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Ramon García-Grabado; al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; al ex primer teniente de alcalde, Carles Martí, y al líder de la oposición en Barcelona, Xavier Trias.
Precisamente, en la querella se subraya que el convenio firmado con Castells no fue "suficiente" para que Millet obtuviera el beneficio económico que buscaba, por lo que fraguó otro acuerdo a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona y el departamento de Economía.
De esta forma, aprovechando su relación con autoridades locales, Millet logró que la Comisión de Urbanismo del consistorio aprobara la modificación inicial del plan urbanístico necesaria para la construcción del hotel.