El Gobierno advirtió ayer de que sería "muy complicado" regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a actos electorales, tal como ha recomendado el Tribunal de Cuentas, pero está dispuesto a estudiarlo, según fuentes del Ejecutivo.

Las fuentes destacaron que no se trataría sólo de regular el uso de aviones militares por parte del presidente del Gobierno cuando va actos del PSOE, sino que el Tribunal ha pedido que se aclare la utilización de medios públicos por parte de todos los políticos y, además, no discute su uso por motivos de seguridad.

Así, argumentaron que habría que legislar también, por ejemplo, el uso que el alcalde de Madrid hace de su coche oficial para ir a actos de su partido, y estudiar si hay que imputar a gastos electorales el coste de los escoltas de cualquier cargo político, incluso del coche de éstos, cuando les acompañan a un acto electoral.

"¿Habría que computar como gastos electorales los escoltas de los concejales del País Vasco cuando éstos van a actos de partido?", insistieron las fuentes consultadas advirtiendo, además, que todo ello obligaría a elevar el techo de gasto electoral permitido.

Esta regulación debería insertarse en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuya reforma están negociando actualmente los grupos políticos en el Congreso, pero este asunto no se ha abordado hasta ahora y el objetivo de PSOE y PP es tener terminada la propuesta de reforma el próximo 30 de junio.

La petición de que se regule el uso de medios de transporte públicos en las campañas electorales la ha hecho el Tribunal de Cuentas, a raíz de una queja del PP porque Zapatero usó el Falcon del que dispone como presidente del Gobierno para ir a un acto del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) en la campaña de las europeas de 2009.

El Tribunal ha pedido una regulación para despejar incertidumbres porque ahora no está claro cómo imputar estos usos a las campañas electorales, "y en concreto en los casos en que los citados desplazamientos puedan coincidir, además, con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral".

Por eso, el Gobierno considera esta petición "muy compleja" y, aunque se dice dispuesto a estudiarlo, por el momento no tiene sobre la mesa ningún documento concreto.

Proposición no de ley

Por su parte, el PP "rescató" el martes, a raíz de la recomendación del Tribunal, una proposición no de ley (PNL) que registró hace un año en el Congreso para reclamar al Gobierno que regule el uso privado o partidista de aviones militares. Según anunció el martes su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, los populares la defenderán en el pleno la próxima semana.

El texto del Partido Popular insta al Gobierno a remitir a la Cámara lo antes posible un régimen jurídico "completo" sobre el uso de aviones militares "para fines exclusivamente privados o partidistas" por parte del presidente y otros miembros del Gobierno y altos cargos.

Además, el primer partido de la oposición plantea que si se acreditan "razones de interés objetivo", como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice.

Sáenz de Santamaría demandó una regulación "exhaustiva" y "muy restrictiva" sobre el uso de aeronaves militares con los citados fines y se congratuló de que el Tribunal de Cuentas también se haya preocupado de esta cuestión. Es más, mostró su deseo de que el PSOE acepte la propuesta del PP, máxime dada la "austeridad" que se requiere en tiempos de crisis como la actual.