El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera imputa al alcalde de Valle Gran Rey, Ruymán García, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por formalizar supuestamente un contrato de duración determinada como personal laboral a su hermana como monitora de ludoteca firmando "sin realizar actividad laboral alguna para el citado ayuntamiento".

Según informó ayer el diario digital Gomeranoticias.com, la imputación ha sido traslada al Ministerio Fiscal y en su caso a las acusaciones particulares al objeto de que en un "plazo de 10 días se formule escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa", según se específica en el documento, fechado el 25 de enero de 2010.

Los hechos se remontan al 14 de enero de 2008, cuando Ruymán García Marichal, siendo aún primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Personal y Planificación del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, "ordenó a través de la técnico de la Concejalía de Personal de ese consistorio, formalizar un contrato de personal laboral de duración determinada entre los días 14 de enero de 2008 al 3 de junio del mismo año, bajo la modalidad de obra o servicio con su hermana, y ello prescindiendo del procedimiento legal establecido para cubrir plazas en la Administración Pública y sabiendo que la actividad laboral, monitora de ludoteca, para cuyo desempeño se hizo el referido contrato no se realizaba durante las fechas para las que se efectuó la contratación" se apunta en el documento mencionado.

En el auto se agrega que "haciendo uso del cargo que ocupaba, García autorizó con cargo a los fondos públicos, los pagos de salario por el mentado trabajo, ascendiendo el coste salarial a 7.411, 96 euros.

Por su parte, Ruymán García afirma que el ex alcalde de Valle Gran Rey y los representantes de Coalición Canaria en el municipio actúan por venganza política y vuelven a dejar de lado los intereses generales de la ciudadanía, y explica que era Esteban Bethencourt el que ordenaba y decidía todas las contrataciones municipales ya que "en el ayuntamiento no se movía ni un clavo sin que al anterior alcalde lo autorizara".

"En todo caso es el anterior alcalde quien tiene que responder", sentencia.