Unas 100.000 personas más pasarán a engrosar las listas de los servicios públicos de empleo al cierre de enero, avanzó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que se mostró partidario de prorrogar la ayuda de 420 euros para los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio, pero no para quienes ya se hayan acogido a esta medida.

Corbacho, en el marco de una comparecencia extraordinaria, a petición propia y del PP, en la Comisión de Trabajo del Congreso para explicar las perspectivas sobre el mercado laboral y el diálogo social, consideró positivo, con todo, que el número de parados en el primer mes del año vaya a estar más cerca del registrado en enero de los años 2007 y 2008, cuando subió en 60.000 y 132.000 demandantes, respectivamente, que al de 2009, en el que repuntó en casi 200.000.

El ministro manifestó que, a partir de enero, el paro va a tener un comportamiento "precrisis" y, aunque aún no puede darse por concluida la etapa de pérdida de puestos de trabajo, que se prolongará a lo largo de 2010, sí dijo que la economía española podría estar en "las fases finales de la destrucción de empleo".

En cualquier caso, Corbacho dejó claro que, aunque se salga de la crisis económica, el empleo tardará más en recuperarse.

En este punto, opinó que la red de protección social debería "ser aguantada" no solo por el Estado, "aunque le corresponda la mayor parte", sino también por las corporaciones autonómicas y locales.

Con respecto a la Seguridad Social, Corbacho subrayó la buena salud del sistema, que cerró 2009 con 8.000 millones de euros de superávit y recordó que el fondo de reserva supera 60.000 millones.

Sobre la prórroga de la ayuda de 420 euros, Celestino Corbacho apuntó que las causas por las que el Gobierno decidió tomar esta medida no han desaparecido e incluso "tímidamente han empeorado", por lo que no sería "razonable" no volver a prorrogar la ayuda. No obstante, precisó que eso no significa que se mantenga para las mismas personas que ya la percibieron y que quienes estaban acogidos a esta ayuda, que ya no la tienen, y además no están en el mercado laboral, deben ir a las rentas de inserción social de las comunidades autónomas.

pensiones

La reforma, a debate

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer, durante su comparecencia en la Cámara Baja, que el próximo viernes llevará al Consejo de Ministros un informe de su departamento sobre las posibles reformas en materia de pensiones, que con posterioridad será trasladado a la Comisión del Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales para su estudio. Insistió en que la sociedad española "debe ser consciente" del reto que supone el envejecimiento de la población y, en consecuencia, la necesidad de llevar a cabo reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar su acción protectora.

Planes privados obligatorios

Precisamente ayer la edición digital de Expansión publicó las conclusiones de un estudio elaborado por un grupo de expertos, presididos por el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, con la vista puesta en el debate sobre la reforma del Estado de bienestar y que propone apoyar en el futuro el sistema de previsión en "un pilar público y otro privado bien coordinados entre sí". Las soluciones públicas y privadas deben ir de la mano y, para ello, existen ejemplos donde el sistema de reparto y de capitalización se combinan dentro de un sistema pilotado por el Estado, afirma el estudio, encargado por la patronal del seguro Unespa.

El modelo sueco es el más citado en el estudio encargado por la patronal Unespa. En Suecia, detalla, cada trabajador aporta una cotización social del 18,5%, de la que el 16% se destina al sistema de reparto. El 2,5% restante se coloca obligatoriamente en unos 450 fondos de diferentes perfiles de inversión, gestionados por entidades privadas.