El Defensor del Profesor registró en el curso 2015-16 un total de 138 casos de agresiones a docentes en centros públicos de Canarias, once menos que el anterior, cuando se produjeron 149, y 21 menos que el curso 2013-14 (159). Los datos demuestran que hay una tendencia a la baja, aunque las variaciones no han sido muy significativas.

El servicio de asistencia jurídica y psicológica del sindicato Anpe Canarias se puso en marcha en el año 2008, igual que en el resto de autonomías. Cada año, la organización elabora una memoria en la que detalla la cifra de ataques y la tipología.

El objetivo es poner el foco sobre los problemas a los que se enfrentan los profesionales en su relación con los alumnos y las familias, y reivindicar que la Consejería de Educación asuma el servicio como propio.

Los casos contabilizados incluyen ataques físicos y verbales, además de una "preocupante novedad": el ciberacoso. El sindicato ha detectado el auge de un nuevo tipo de agresiones que ya se habían detectado entre estudiantes y que ahora afectan también al profesorado. El 13% de los ataques (18 casos) tuvieron lugar a través de internet. Los alumnos usaron las redes sociales para intentan desautorizar el papel del profesor difundiendo vídeos o fotografías de los docentes que habían sido tomados mientras daban clase.

Además, hubo 12 agresiones físicas de alumnos a profesores (9%), 67 faltas de respeto (49%), 25 actos de acoso y amenaza protagonizados por estudiantes (17%) y 31 situaciones de conductas agresivas entre los propios alumnos. Los maestros también reseñaron daños a propiedades o pertenencias y enfrentamientos con los padres. Del total de casos, 71 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 67 en Las Palmas.

Su distribución por los diferentes niveles de enseñanza pone en evidencia una constante que se repite cada año: Secundaria es la etapa educativa donde se localiza la mayoría de los casos (868), seguida de Primaria (37) e Infantil (16). A continuación se sitúan Formación Profesional, los Programas de Cuantificación Profesional Inicial y las enseñanzas de idiomas.

Durante los ocho años que han transcurrido desde su puesta en marcha, el servicio ha atendido a más de 30.000 docentes en toda España, 994 en Canarias. El sindicato considera que esta iniciativa ha contribuido a abrir un debate social sobre la conflictividad en las aulas, el papel del profesor y la dignificación de su labor.

La Ley Canaria de Educación contempla un servicio de asistencia que aún no se ha puesto en marcha

La Ley Canaria de Educación determina que la Administración debe prestar asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado en estas situaciones. Anpe reconoce que cuenta con el compromiso de la Consejería, pero, de momento, se trata solo de "palabras". La organización advierte de que uno de los factores desestabilizadores de la convivencia escolar han sido los sucesivos recortes presupuestarios. Abundan los escritos de Ampas y familias denunciando la permanente disminución de la calidad educativa". A ello se une el aumento del "número de familias desestructuradas".