La Fiscalía ha solicitado abrir diligencias penales contra el concejal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa de saneamiento de la ciudad, Emalsa, por estimar que sus constantes vertidos sin depurar al mar suponen "un grave riesgo" para la salud y el medio ambiente.
La querella subraya las importantes deficiencias que tiene el sistema de depuración de Las Palmas de Gran Canaria, capaz solo de tratar el 75 % de las aguas residuales que genera la ciudad, y detalla los constantes vertidos sin ninguna clase de tratamiento que se hacen a la costa, con una alta carga contaminante.
Durante los últimos seis años, advierte la Fiscalía, la red de saneamiento que administra Emalsa (empresa con un 34 % de capital público municipal y un 66 % privado) ha vertido al mar entre 338.000 y 796.000 litros de agua por hora sin depurar, "con valores altísimos de parámetros contaminantes" y cantidades mucho mayores de aguas supuestamente tratadas, pero cuya calidad ofrece "muchas dudas, ya que no se hace ningún seguimiento fiable externo".