El Gobierno de Canarias acusó ayer al Ministerio de Educación de ignorar en su estimación sobre los costes correspondientes a la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) y a los cambios de la ESO en las Islas criterios como la lejanía, la insularidad y la dispersión. Así lo aseguró el consejero de Educación, José Miguel Pérez, en una rueda de prensa ofrecida en Madrid junto a sus homólogos de Andalucía y Asturias, en la que denunció que la financiación destinada a estas modificaciones del sistema educativo -44 millones de euros- apenas cubre una cuarta parte de los costes totales, con lo que el déficit ronda los 130 millones.
"No se ha tenido en cuenta que tanto la dispersión como la lejanía y, especialmente, la insularidad elevan el coste del alumnado en las Islas muy por encima de las estimaciones ministeriales, ya que será necesario crear, para el mismo número de estudiantes que en las demás comunidades, una mayor cantidad de grupos con menos alumnos de los 30 que el Ministerio estima para definir los costes", dijo Pérez.
El consejero mostró su inquietud por "el elevado coste de oportunidad que entraña esta financiación", tanto en la FPB como en lo referente a las modificaciones de la ESO. Los cambios propuestos por el Ministerio, explicó el vicepresidente y consejero, supondrán un coste de más de 900 millones de euros.
La propuesta de financiación remitida recientemente por el Ministerio a las comunidades autónomas recoge un gasto aproximado de 964 millones de euros para la aplicación de los cambios. "Pero esta cifra está lejos de suponer un aumento de la inversión, porque la previsión del Gobierno central para la actual legislatura en educación estima una reducción cercana a los 9.000 millones de euros, de los cuales, más de 7.000 millones ya se han dejado de invertir", explicó José Miguel Pérez.
Además, considera que, dado que el Estado es el responsable de modificar el sistema educativo introduciendo unas nuevas enseñanzas de carácter obligatorio, "debe, por tanto, hacerse cargo también del coste completo de la financiación y no solo del sobrecoste, que es lo que pretende el ministro Wert".
Con su propuesta, el Gobierno central solo tendrá que pagar la diferencia entre financiar los Programas de Cualificación Profesional y la Formación Profesional Básica y será el Ejecutivo canario, con cargo a sus propios presupuestos, quien tendrá que asumir el grueso de todo el coste "y esta diferencia es muy elevada", advirtió.
Según la Consejería, aunque el Ministerio ha destinado a Canarias 44 millones de euros, el coste real de los cambios será casi cuatro veces más, ya que el gasto por estudiante de la FPB asciende a 5.219 euros, mientras que en los actuales programas de cualificación profesional es de 4.327.
Las previsiones del Ministerio para el próximo curso indican que solo tendrá que asumir el gasto correspondiente a 100 estudiantes de FPB en toda Canarias. "Sin embargo, ellos mismos calculan que los alumnos y alumnas será aproximadamente 3.100, por lo que Canarias tendrá que financiar con fondos propios la escolarización de los otros 3.000".