La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Jerez, expresa la satisfacción del PSOE porque en el proyecto de ley actualmente en tramitación se sanciona a los promotores y entidades financieras que incumplen las garantías de los compradores de viviendas en construcción.
Como recuerda, la única pregunta de iniciativa ciudadana abordada en el Parlamento de Canarias la llevó el Grupo Socialista a través del diputado José Ignacio Álvaro Lavandera y trataba sobre esta cuestión, “en una clara apuesta por la participación de la sociedad en el debate político y por escuchar sus demandas”.
Jerez señala que en la ley vigente se mencionan las garantías de los consumidores y se expone que los promotores han de conceder un aval por las cantidades entregadas para la adquisición de la vivienda en construcción. Asimismo, contempla que las entidades financieras tienen que abrir cuentas separadas con determinados límites para su gasto, “pero estas garantías sistemáticamente se incumplieron en la época del boom inmobiliario, viéndose obligados los compradores de viviendas que finalmente no se construían a iniciar una reclamación por la vía civil”, subraya.
La parlamentaria del PSOE hace hincapié en que con el proyecto de ley en tramitación, el Gobierno de Canarias puede sancionar estos comportamientos con multas de hasta 150.000 euros, reforzando con ello la protección de los compradores. Asimismo, señala que las cantidades recaudadas a través de las sanciones se destinarán a sufragar las expropiaciones temporales de ejecuciones hipotecarias de familias sin recursos.
PROPUESTA DEL PSOE
En noviembre de 2013, la Cámara autonómica aprobó una proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se instaba al Gobierno regional a que solicitase al Ejecutivo central la actualización de la ley sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, en el sentido de ofrecer una mayor protección a los adquirentes de vivienda en construcción que realicen entregas a cuenta.
Mediante la propuesta, defendida por el diputado José Ignacio Álvaro Lavandera, se planteaban medidas como el establecimiento de un régimen sancionador disuasorio del incumplimiento de las obligaciones por los promotores y de las entidades financieras que participen en el proceso. “Proponemos que los bancos sean responsables subsidiarios en caso de incumplimiento de los promotores en los supuestos de que no se dé la garantía correspondiente”, explicaba entonces el parlamentario socialista.
En el segundo de los puntos de la iniciativa se pedía al Gobierno de España que solicitase al Banco de España, como entidad en la que recae la responsabilidad de la supervisión del sistema financiero español, que procediese a auditar el cumplimiento de las obligaciones al respecto de las entregas a cuenta para la adquisición de vivienda por las entidades financieras.
La proposición no de ley recibió el apoyo de todos los grupos de la Cámara a excepción del Popular, que votó en contra, lo que a juicio del parlamentario del PSOE es “una muestra más de que el PP se posiciona siempre en contra de las verdaderas víctimas de la crisis, que son quienes han perdido su vivienda, sus ahorros, su empleo, su empresa...”.