El sindicato CSIF ha sostenido que el Gobierno Autónomo "tendrá que devolver íntegra" la extra de diciembre de 2012 a los cerca de 2500 funcionarios de la Administración de Justicia destinados en Canarias, tras una reciente sentencia firme, pionera en todo el Estado, dictada por un juzgado de Sevilla.

En nota de prensa ha informado que cerca de 2.500 funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias se podrán beneficiar de esta medida, tras la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla que ha decretado, "por primera vez" desde que se produjeron los recortes, que la retirada de la paga extra de Navidad ordenada por el Gobierno de la Nación es "contraria a derecho", y obliga a la Administración a su "devolución íntegra", mas los intereses legales.

Así, según consta en la sentencia contra la que no cabe recurso, dictada y publicada este mismo lunes, el funcionario defendido por CSIF, con destino en el Juzgado de Paz de La Rinconada (Sevilla), se ha convertido en el primer empleado público en "ganar la batalla jurídica" al Ministerio de Hacienda.
"Se trata de la primera vez en la que un juzgado ordena la devolución íntegra de esta paga extra. Hasta ahora, los juzgados tan sólo habían reconocido la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno", ha expuesto CSIF en la nota de prensa.
La sentencia concierne en este caso, según el sindicato, a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia en el conjunto del Estado, de los que 2.500 trabajan en Canarias. "Las relaciones laborales de este personal están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Gobierno tuvo que modificar para aplicar el recorte sobre sus nóminas", ha apuntado.
Esta modificación legal se produjo "finalizando el mes de diciembre de 2012, cuando la paga extra ya había sido devengada íntegramente". Por tanto, tal y como destaca la sentencia, el Gobierno "llegó tarde", por lo que la minoración salarial es "contraria a derecho". "En resumidas cuentas: se trata de una anómala e ilegal aplicación de las normas por parte de la Administración", destaca la sentencia.

Según ha estimado CSIF, el caso de este funcionario "no será el último", y afirma que "de entrada, todos los funcionarios de Justicia de la provincia de Sevilla podrán adherirse a la misma sentencia, y a continuación, los del resto del Estado, con reclamaciones individuales que promoverá CSIF si la Administración no actúa de oficio".