El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un auto por el cual se eleva al máximo órgano judicial regional las diligencias previas un supuesto delito de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos en el municipio de La Oliva.
El 21 de febrero de 2007, Alternativa Democrática por Fuerteventura denunció al ex alcalde, Domingo González Arroyo, ante la Fiscalía para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción, por lo que se abrieron diligencias que concluyeron el 26 de septiembre de 2008 y que estimaron los hechos denunciados. Hay 16 personas imputadas.
Estos hechos consistían en que, en noviembre de 2002, el Ayuntamiento de La Oliva acordó la aprobación de un pliego de cláusulas administrativas particulares que rigieron un concurso público de adjudicación del proyecto, construcción y posterior explotación de un parque de ocio en la Urbanización Corralejo Playa. A este concurso sólo se presentó una empresa que se llevó la adjudicación el 4 de abril de 2003.
Para la Fiscalía, el consistorio prescindió de recabar un informe jurídico con carácter previo sobre el contenido del pliego de cláusulas objeto de aprobación, mientras que las instalaciones construidas exceden los usos previstos en el planeamiento municipal.
Ya en 2012, se acordó la toma de declaración en calidad de imputados a los miembros de la mesa que aprobó la ejecución, entre las que se encontraba Claudina Morales, diputada regional desde junio de 2011, por lo que se decidió elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dado su condición de aforada.