Más de medio centenar de procuradores de la provincia tinerfeña se concentraron ayer ante el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesiones, que plantea la apertura de sus funciones exclusivas a otros profesionales. Es decir, se eliminaría la incompatibilidad entre procurador y abogado.
En la actualidad el procurador es un intermediario entre Justicia, ciudadano y abogado, además de realizar las funciones públicas de embargos, requerimientos, lanzamientos y escritos judiciales, entre otras tareas que tienen otorgadas.
De aprobarse este anteproyecto de ley, los procuradores "se quedarían sin reserva de actividad y solo haríamos diligencias de juzgado como si fuéramos un auxilio judicial", denunció el decano del Colegio de Procuradores, Leopoldo Pastor, durante la concentración de ayer.
Para el decano, con esta nueva ley solo se conseguiría "ralentizar la Justicia, ya que en los juzgados españoles se tramitan entre 80 y 100 de asuntos a través de los procuradores".
Cabe señalar que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay unos 210 procuradores en activo; colegiados "son más de 300". "Las repercusiones económicas serían muy dañinas de aprobarse la Ley tanto para nosotros como para nuestros empleados, pues en cada despacho hay una media de cuatro trabajadores", destacó Pastor, quien anunció que habrán más concentraciones, "aunque aún no está definida la fecha".