El Plan de Control Tributario del Gobierno canario para 2012 es "continuista", por lo que no ofrece garantía de bajar de forma relevante el fraude fiscal en la comunidad autónoma. Es una suerte de "corta y pega" que viene de los planes anteriores con escasas novedades y que promete tener un alcance incluso menor al de los ejercicios pasados porque este año la Administración solo repondrá, en el mejor de los casos, el 10% de los funcionarios que dejen su cargo, lo que agravará la escasez del personal para investigar y combatir esa situación.
Así de contundente se mostró ayer el secretario general del Sindicato de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, que lamenta que Canarias haya copiado del Estado "la misma falta de interés" en diseñar un plan para enfrentar este problema.
Por el contrario, el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, defiende que el plan se elabora en función de la situación de cada año y que el de este ejercicio en concreto va dirigido a enfrentar la bolsa de fraude que hay en Canarias, además de descubrir las "situaciones no declaradas".
Recaudar más
La iniciativa, publicada ayer en el BOC, justifica que "las actuales circunstancias presupuestarias requieren la utilización de todos los medios que puedan coadyuvar a la mejora de la eficacia recaudatoria", algo que con palabras muy similares ya proponía el de 2011.
Entre las escasas novedades del plan de este año, Mollinedo resalta el control de las importaciones declaradas con valores bajos en mercancías destinadas a la actividad comercial, la intensificación de la apertura de los procedimientos de gestión para regular las incoherencias detectadas de la información disponible de las unidades de selección y la realización de campañas de visitas presenciales a locales que desarrollen actividades empresariales o profesionales para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Además, contempla el control de las compraventas de objetos de segunda mano así como de objetos de arte y sobre las no presentaciones de autoliquidaciones por el cruce de los índices notariales con las bases de datos.
"No habrá un gran cambio al permanecer las directrices casi iguales", insiste Mollinedo. "Como el plan estatal, el canario incluye actuaciones clásicas que ya se vienen realizando todos los años", explica.
En Canarias, según Gestha, la economía sumergida tuvo un volumen superior a los 11.600 millones de euros en 2009. De haber aflorado, la contribución a las arcas habría subido en más de 1.500 millones de euros en ese mismo ejercicio.
Estas cifras suponen que en Canarias el PIB sumergido calculado por habitante supera los 5.500 euros, lo que obliga a cada ciudadano del Archipiélago a pagar "de más" en impuestos y cuotas sociales para compensar la evasión fiscal y mantener el nivel actual de los servicios públicos -y hasta las inversiones-unos 730 euros al año.
En el ámbito nacional, Gestha calcula que las grandes fortunas y las grandes empresas son responsables de la evasión fiscal en un 71,77%, seguidas por las pymes (17,05%), los autónomos (8,59%) y otros no empresariales (2,59%).