El mismo día en que el Gobierno canario conseguía aprobar su propuesta de las cuentas públicas regionales para 2012 en el Parlamento -bajo una lluvia de críticas vertidas desde la oposición, sobre todo del PP- el propio presidente autonómico, Paulino Rivero, abonaba el terreno para el más que probable escenario de tener que afrontar una modificación del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma cuando aclaró que las previsiones con que se elaboraron las cuentas de este ejercicio pueden cambiar. Entonces sus palabras no pasaron desapercibidas y el tiempo parece confirmar que eran necesarias: el Gobierno central que preside Mariano Rajoy no cesa de repetir que en marzo recortará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que todas las comunidades se verán afectadas, si bien no avanza de qué manera. Al margen flota la petición de buena parte de las autonomías para revisar el sistema de financiación autonómico, que tras su última modificación en 2009 ya tiene detractores en las cuatro esquinas del país, las Islas inclusive.
Esta misma semana, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, reiteró que los recortes en los PGE "nos llegarán a todos y Canarias no será una excepción". La oración resume todo lo que se sabe, al menos de forma oficial, sobre el asunto: que bajarán los fondos, que afectará a todas las autonomías y que los ejecutivos regionales tendrán que disminuir sus presupuestos de 2012 -las únicas ocho que llegaron a aprobar cuentas específicas para este año porque el resto prorrogó las de 2011-.
Esta situación añade más dudas a un escenario presupuestario que ya partía de la incertidumbre. El viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, explicaba el pasado mes de octubre que el Gobierno canario no había elaborado sus previsiones a ciegas, sino en función de los datos oficiales del Ejecutivo central, si bien admitía que contemplaban un crecimiento del PIB del 3,8% "que no se creen ni ellos".
"Para los cálculos no se parte del ejercicio en curso, sino de las previsiones del Gobierno central. Ellos mandaron una carta con esa previsión y sobre eso pintamos los presupuestos, no hay otro dato, pero tenemos dudas", reconocía.
Por su parte, el PP cree -y los sindicatos no lo descartan- que la decisión del Gobierno de sacar unos presupuestos para este año pese a la incertidumbre se debió al juego partidista bajo la influencia de la campaña electoral para hacer un pase de factura "preventivo" al nuevo Ejecutivo central, a quien culpará de unos recortes "brutales" que se ven "inevitables" y que podrían terminar llenando las calles de protestas ciudadanas.
Los sindicatos sospechan, en todo caso, que incluso los servicios básicos sufrirán grandes recortes (sanidad y educación se llevan juntos el 60% del presupuesto canario) y dan por sentado que las "tijeras" caerán sobre las inversiones, que se verán "muy afectadas", pese a la promesa de Rajoy de dejarlos a salvo de los ajustes.
Temen que ni los servicios básicos en las Islas escaparán a una bajada adicional -otra más- y creen "inevitable" el cierre anticipado del presupuesto -Canarias lleva dos años consecutivos haciéndolo sin que antes mediara la presión que tendrá por los recortes sobrevenidos de 2012-.
Los sindicatos ven así con preocupación que se "desmantele" el estado de bienestar en nombre del ahorro y hasta los empresarios regionales critican que la crisis sea la excusa para que el Gobierno pague aún más tarde sus deudas a los proveedores.
Pero el Gobierno siempre ha defendido la necesidad de contar con unos presupuestos para 2012, en vez de prorrogar el del año pasado, algo que justificó como un ejercicio de responsabilidad.
"Es más ficticia la prórroga que la aprobación de unos presupuestos nuevos. Es más responsable tener una Cuentas para 2012 en estos tiempos de crisis", llegó a sostener Rivero en sede parlamentaria frente a las críticas del PP y NC, que han dejado claro de forma reiterada que el ajuste que anunció Mariano Rajoy para marzo en los PGE repercutirá en las Islas "aunque no sabemos cuánto ni dónde".
aires de cambio
Ajuste en la financiación
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Javier González Ortiz, ha defendido, por una parte, que los presupuestos autonómicos aprobados para este año son "realistas, de marcado carácter social y condicionados por la escasez de fondos públicos", al tiempo que anunció que el Ejecutivo canario exige a la Administración central un sistema de financiación "más justo" para Canarias a fin de que el Estado subsane el "déficit de financiación" que el propio presidente regional, Paulino Rivero, estableció en 600 millones de euros anuales.
González Ortiz no dudó en afirmar que Canarias es la comunidad "peor" financiada antes de ir al último encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces apuntó que, con los números en la mano, el Gobierno central tiene que corregir las diferencias de financiación de las Islas respecto a las otras autonomías, "un sistema que nos perjudica de forma clara al suponer una financiación per cápita inferior a la media nacional". Además, el Gobierno insiste en que Canarias es de las pocas autonomías que cumplen con el objetivo del déficit, por lo que no debe ser tratada como el resto.