A Juana y su familia le restaban alrededor de cinco años, según sus propios cálculos, y 41.000 euros para saldar la deuda, en concepto de hipoteca firmada con una entidad financiera, hasta que hace unos días recibió una notificación del juzgado informándola a ella, su marido y sus tres hijos, del próximo desahucio de la vivienda que ahora ocupan y que con tanto esfuerzo construyeron.

La situación de esta familia de Santa Úrsula se complicó cuando el marido de esta tinerfeña quedó en paro, en plena caída del sector de la construcción. Eso ocurrió hace ahora tres años y desde entonces, no ha encontrado empleo. En cuanto al resto, Juana cobra una pensión no contributiva con la que subsiste toda la familia, que completan otros tres hijos, también en situación de desempleo.

La cantidad que pagaban inicialmente por la hipoteca era de poco más de 600 euros, pero que no pudieron seguir pagando desde el mismo momento en que el cabeza de familia perdió su empleo. Aunque durante algunos meses, estuvo ingresando en el banco lo que podía, lo cierto es que la cantidad adeudada se iba incrementando sin remedio. Por eso, desde la entidad financiera les ofrecieron una ampliación de la hipoteca que ellos aceptaron.

Después de presentar toda la documentación requerida, incluyendo aquella que atestiguaba que su marido estaba en paro, le dijeron que no era suficiente y "que ellos querían algo seguro". Sin embargo, esta vecina de Santa Úrsula sin entender cómo podía aportar algo que no tenía, les ofreció su "pequeña pensión no contributiva", que es lo único que tenía.

En la entidad financiera aceptaron la cantidad correspondiente al subsidio y quedaron en convocarla nuevamente para firmar la documentación pertinente... llamada que nunca se produjo.

Mil vueltas "para nada"

Preocupada porque el tiempo pasaba y carecía de indicación alguna sobre qué hacer, fue ella la que contactó con su banco donde le facilitaron un número de teléfono donde supuestamente encontraría las respuestas que estaba buscando. Allí recibió otro jarro de agua fría: para continuar con el proceso, tenía que saldar todo el capital que no había abonado, que ascendía a unos 8.000 euros más otra deuda contraída con la Seguridad Social de algo más de mil.

Después de transmitirles que conseguir esa cantidad era totalmente imposible en la precaria situación económica en la que estaba la familia, el siguiente paso fue trasladar el caso al juzgado. Juana y su marido solicitaron un abogado de oficio que tardaron entre siete u ocho meses en asignarle y recurrieron la medida judicial.

Ninguno de los pasos dados, ni la documentación aportada ha servido para revertir la situación inicial. De hecho, ella siente que en muchos momentos le han generado esperanzas de forma vana porque, conociendo como conoce el banco su situación financiera, le han ido aportando posibles soluciones que conllevaban el desembolso de cantidades de dinero que no tenía.

La subasta de la casa familiar está fijada para el próximo 8 de febrero, lo que no significa que vayan a desahuciarlos, según Juana. Ella guarda la esperanza de que al no estar ubicada en el centro del pueblo, su vivienda no interese y arañen unos pocos días más al calendario.

En este aspecto, la última oferta que recibió pasaba por "ingresar 6.000 euros destinados a los abogados de la entidad financiera, que previamente le sugirieron que ingresara en la cuenta de unos de sus hijos para que no se desviara a la hipoteca" y que la tiene angustiada, porque le queda menos de un mes.

El hogar familiar de esta tinerfeña lo completan tres hijos, ninguno de ellos ha cumplido los 30 años y el más pequeño tiene tan solo 19. El más joven realiza un curso de jardinería al que se incorporó hace algún tiempo, "gracias a la ayuda del ayuntamiento". Fue allí donde le hablaron de la posibilidad de que "se quede en plantilla en tres o cuatro meses".

Precisamente desde el Consistorio de Santa Úrsula, el área de Servicios Sociales con el que contactó EL DÍA, confirmaron las múltiples ayudas ofrecidas a la familia: desde bonos para transporte hasta pagos de recibos.

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Las cifras de la pobreza

Para Leonardo Ruiz del Castillo, director de Cáritas Diocesana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las cifras que se manejan en Canarias son alarmantes. En las islas hay 75.000 hogares, enclavados en el millón y medio que existe en el ámbito de España, en los que ninguno de sus miembros trabaja. La otra cruda variante que complementa esta realidad es en la que se encuentran las 17.000 unidades familiares radicadas en la Comunidad Autónoma que no tienen ningún tipo de ingreso, de las casi 500.000 que se han computado en todo el territorio español y que cuentan con todos sus integrantes en situación de desempleo.

Ruiz del Castillo es categórico: "Si no se crea empleo, esto no se va a solucionar. Eso que se olviden" dijo de forma rotunda. La salida a la precaria situación económica que está afectando a este numeroso grupo de familias "no llegará hasta que el Gobierno estatal y el canario no se impliquen y creen empleo. Mientras eso no suceda, "esto no se va a acabar", añadió.

Canarias registró durante el tercer trimestre del pasado año 378 desahucios, lo que representa un aumento del 148% con respecto al mismo período de 2010. Santa Cruz de Tenerife superó a Las Palmas.