Aunque era un paso lógico y esperado por parte del Gobierno regional, no por ello deja de ser significativo y preocupante, en tanto en cuanto se trata de indemnizaciones millonarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha recibido en los últimos días hasta 27 reclamaciones de compensación económica de empresarios turísticos que consideraron vulnerados sus derechos tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.

Las 27 demandas sobre las que ahora resolverá el Alto Tribunal canario forman parte del grupo de reclamaciones de empresarios del sector turístico que el Gobierno de Canarias ha venido rechazando en los últimos meses y que ha comunicado a los afectados en las últimas semanas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que preside Domingo Berriel, a través de un equipo de expertos conformado para este asunto, ha basado el rechazo a estas solicitudes de indemnización en que los terrenos afectados no tenían todos los deberes urbanísticos cumplidos.

"No tenían consolidados los derechos de edificación y por ello no pueden decir que la moratoria les paró la construcción de algo para lo que no tenían derecho", ha justificado en las últimas semanas el propio consejero regional de Medio Ambiente.

54 demandas presentadas

Como se recordará, fueron 54 las demandas presentadas por distintos grupos empresariales del sector del turismo, tales como Lopesan, Anfi o Satocan, que en total llegaron a sumar más de 800 millones de euros, tras el cálculo definitivo que se hizo de todas ellas. Es más, sólo el grupo Lopesan presentó más de 20 reclamaciones por un valor cercano a los 280 millones de euros.

Algunos de estos empresarios no esperaron, siquiera, a que el Gobierno regional tomara una decisión al respecto y acudieron a la vía contencioso-administrativa desde el inicio. De momento, no se conoce que la Justicia se haya pronunciado ni a favor ni en contra de estos empresarios.

Cabe precisar que los citados propietarios se acogieron al artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes para presentar las demandas millonarias. El citado punto permite a quienes tienen un suelo de uso turístico que no pueden desarrollar para preservar el medio ambiente, pese a contar con todos los requisitos legales necesarios para ese uso, una reclasificación de sus parcelas en suelo rústico, con lo que sus dueños adquieren el derecho a ser indemnizados por los derechos de edificación que posean.

25 sólo en Gran Canaria

Cabe precisar que, por islas, Gran Canaria con 25 fue en la que más indemnizaciones se tramitaron, distribuidas entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana (19) y Mogán (6). En Tenerife, por el contrario, sólo se contabilizaron tres, repartidas entre los municipios de Arona, Guía de Isora y Granadilla, mientras que en Fuerteventura el número de reclamaciones se elevó a 17, dieciséis de ellas en Pájara y una en Puerto del Rosario. Las nueve restantes partieron de Lanzarote, en concreto, cinco de Yaiza y cuatro de Teguise.