La polémica Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas entra en vigor tras su publicación ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con la firma del presidente canario, Paulino Rivero.
Aprobada el pasado 19 de mayo sin el consentimiento de los científicos y grupos ecologistas, pero con el voto de 31 de los 60 diputados que conforman el pleno del Parlamento canario, la ley instaura medidas judiciales y sancionadoras para quienes atenten contra el patrimonio natural y hace una nueva clasificación de las especies protegidas. La norma consta de ocho artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, una disposición final y seis anexos.
A su vez, considerando que puede haber obras que afecten a los espacios y especies recogidos en los anexos del documento, se obliga a la justificación de los proyectos de infraestructuras emplazados en ámbitos de interés natural, así como sacar adelante medidas compensatorias para garantizar su pervivencia, según han argumentado durante todo este tiempo los diputados de apoyo al Gobierno de Canarias, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP).
Falta de rigor
Sin embargo, y en el otro lado, se ha hablado de falta de rigor científico y de una forma ideada para sacar adelante proyectos que atentan contra el patrimonio natural.
Los científicos canarios y españoles han criticado y lamentado esta norma por no avalarse los criterios y los ecologistas lo llevaron ante el Defensor del Pueblo el martes. Las últimas críticas las vertió el catedrático de la Universidad de La Laguna Wolfredo Wildpret, que lo criticó por haberse hecho de forma "críptica".