La familia Rodríguez Hernández sabe que dentro de dos semanas vivirá las peores navidades de su vida. “Al menos nos daríamos por satisfechos si el Instituto Canario de la Vivienda nos garantiza que nos van a arreglar nuestra casa, en la que hemos pasado 28 años, toda una vida”, cuenta Tamara.
Ella es la hija del matrimonio titular de la asignación de este piso de Añaza que la noche del 21 de octubre fue pasto de las llamas por el incendio que comenzó por un patinete que estaba conectado a la luz para cargar su batería. Un fuego voraz acabó con el hogar donde residían los padres de Tamara –él, enfermo, lo que le ha impedido trabajar; ella, con una invalidez reconocida–; también residían en el piso tres hermanos. El mayor, separado, convivía con su nueva pareja, tres hijos de una relación anterior más un bebé. Los niños residentes en esta casa devastada por el fuego tienen edades comprendidas entre los 16 años y los ocho meses, el más pequeño de la vivienda.
“Estamos olvidados y desamparados”, cuenta Tamara. “Todavía hoy no hemos recibido una comunicación del ayuntamiento en el que se nos garantice un realojo. Estamos viviendo de prestado gracias a una vecina que reside sola en su piso y nos ofreció que nos fuéramos con ella hasta que se nos arreglaran las cosas, pero el tiempo pasa y no recibimos una ayuda... Además, ella también tiene sus padres, que tienen sus cosas en la casa. No estamos en la calle gracias a su generosidad, y tampoco sabemos hasta cuándo podemos seguir así, porque es una situación de interinidad”, añade.
El concejal del Suroeste hará de mediador desde esta semana para desbloquear el caso
Tamara es categórica. “¡Chiquito 2020 hemos vivido!”. “El mejor regalo de Reyes sería tener el compromiso de que el Gobierno canario nos va a arreglar la casa”, reitera. De las diez personas de su casa, solo ella trabajaba, hasta que sufrió un accidente laboral. “Tenía un contrato de cinco horas a la semana, así que ya te puedes imaginar lo que estoy cobrando”.
“Somos una familia grande; somos diez personas porque mi hermano se separó y está viviendo con nosotros y tiene un régimen de custodia compartida de sus tres hijos, por lo que en semanas alternas están con nosotros y por eso los incluimos en el cómputo de la unidad familiar”, añade.
Como para excusarse, Tamara reconoce que sus padres no han podido afrontar el alquiler de la vivienda desde hace años, y se apresura a precisar: “Estamos al corriente en el pago de la comunidad de vecinos”.
El seguro de la comunidad
En pleno confinamiento, esta familia dejó de pagar el seguro de su vivienda y... dos o tres meses después les sorprendió el incendio que acabó con todas sus pertenencias. “Desde que lo perdimos todo hasta la fecha estamos viviendo gracias a la ayuda para alimentos que nos da el ayuntamiento y también la iglesia, que nos aporta ropa”. Tamara teme que, como llevan tiempo sin pagar el alquiler, eso dé argumentos al Instituto Canario de la Vivienda para desentenderse de ellos. En los casi dos meses que han transcurrido desde el fuego, han tenido tiempo para buscar fórmulas alternativas que les permitan salir adelante; todo pasa por el arreglo de su vivienda, que precisa una reforma total del inmueble.
Revisando las cláusulas del seguro de la comunidad de vecinos advirtieron que el contrato cubre tanto la parte comunitaria como todo el continente. Tras consultarlo a la administradora del edificio y esta, a su vez, al seguro, les informaron que la póliza cubre la rehabilitación del piso. Es su tabla de salvación.
Otra cosa son los trámites administrativos. El Gobierno de Canarias reclama a la comunidad unos documentos para figurar como beneficiario de la indemnización de la reforma; la administradora del edificio quiere que se le garantice que cobrará la indemnización del seguro y prefiere ejecutar la rehabilitación integral porque, al estar de su mano, garantiza una ejecución más inmediata.
Mientras unos y otros se quieren asegurar el dinero de la obra, la familia sigue de prestado en la casa de una vecina.
El jueves de la semana pasada, el alcalde de Santa Cruz aseguró que después de la visita que realizó el 17 de noviembre a la casa de la familia afectada por el incendio llamó al consejero de Vivienda, Sebastián Franquis, con el objetivo de intentar agilizar la situación y desbloquear el caso, si dependía de trámites burocráticos.
El concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, aseguró que el consejero se ha interesado por el caso, y que los técnicos de la Consejería de Viviendas ven con buenos ojos la fórmula de ejecutar la rehabilitación con cargo a la indemnización con cargo al seguro del inmueble, mientras se compromete el edil a ser el interlocutor entre la familia y el Gobierno para la búsqueda de una rápida solución.
Tamara clama ayuda. En su casa muchos están en manos de psicólogas y la solución no llega.
