El caso reparos se vira cada vez más contra su denunciante, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, y puede tener un efecto boomerang. La jueza que lleva la causa, Ana Serrano-Jover, ha pedido que se investiguen las presuntas irregularidades en los contratos del servicio de recogida de residuos y limpieza de las calles, que lleva la empresa Urbaser, y de gestión de los centros ciudadanos, que recayó hasta el pasado julio en la empresa Eulen, al existir indicios de delitos contra la administración pública.
Cuando estaba en la oposición, Santiago Pérez circunscribió su denuncia contra “una trama corrupta” a los gobiernos municipales de CC entre 2013 y 2017 pero la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna conlleva la ampliación de las investigaciones al gobierno actual –PSOE, Avante, Unid@s Podemos– en el que ahora está Santiago Pérez. La jueza dictó esta providencia tras las declaraciones de Javier Abreu, exteniente de alcalde de Laguna por el PSOE, en sede judicial. Y también tras la testifical de Abreu dictó otra providencia para que se investigue al propio Santiago Pérez por un delito de obstrucción a la administración de justicia por conspirar presuntamente con el interventor para montar la denuncia y pedirle a Abreu “que se portara bien” en su declaración ante la jueza.
Estas presuntas irregularidades las desveló Javier Abreu en su declaración judicial por el caso reparos del pasado 5 de noviembre. Abreu, hoy retirado de la política, compareció como investigado por un presunto delito de prevaricación continuada por la denuncia del que fuera su socio político y amigo, Santiago Pérez, al levantar tres reparos del interventor para prorrogar contratos de los servicios sociales como alcalde en funciones –sustituía a José Alberto Díaz, alcalde por CC, con el que cogobernó en pacto– entre 2015 y 2016.
Precisamente la prórroga de diversos contratos municipales ya vencidos, a través del levantamiento de informes negativos del interventor municipal –una prerrogativa legal de los alcaldes que se realiza en todos los ayuntamientos–, centra esta causa por la que también ha sido llamado a declarar como investigado el exalcalde José Alberto Díaz (CC). Además, la jueza abrió una pieza separada para el también exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo (CC), de la que tendrá que informar el Tribunal Supremo –si se hallan indicios delictivos– dada su condición de aforado por ser senador autonómico.
En su declaración en el Palacio de Justicia de La Laguna, Abreu mostró su extrañeza ante el hecho de que Santiago Pérez no presentara, en contra de lo que anunció, una ampliación de la denuncia del caso reparos con la prórroga del contrato de Urbaser, cuando esta ampliación extraordinaria –en espera de la convocatoria de un nuevo concurso– coincidió en el tiempo y la casuística con las otras que sí denunció Pérez. Abreu también desveló a la jueza y a la fiscal jefa de la Audiencia Provincial, María Farnés, que pese a las duras críticas de Pérez contra la prórroga de Urbaser cuando estaba en la oposición a principios de 2019 –con las siglas Por Tenerife-Nueva Canarias–, el contrato sigue sin salir a concurso y en las mismas condiciones que el denunciante del caso reparos tildó entonces de “escandalosas”. Hay una diferencia: Santiago Pérez forma parte ahora del gobierno municipal. Es decir, las supuestas irregularidades denunciadas por Pérez se seguirían cometiendo en este mandato con el denunciante convertido en responsable de Urbanismo.
A principios de 2019, Santiago Pérez anunció en varias ocasiones que iba a ampliar su denuncia del caso reparos –presentada en enero de 2018– incorporando la prórroga del contrato de Urbaser, el más caro para el Ayuntamiento de La Laguna, que en su opinión “se lleva la palma”. Fue adjudicado en 2008 por un periodo de 8 años. “Pero ese contrato, con sus prórrogas legales, terminó el 30 de octubre de 2018. Y la Alcaldía y la Junta de Gobierno han autorizado a Urbaser continuar gestionando ese servicio hasta que se adjudique y entre el vigor un nuevo contrato. Y hablamos de un concurso de un importe de 150 millones de euros, lo que significa que cada mes que Urbaser continúa gestionando ese servicio, sin título, factura al Ayuntamiento de La Laguna 1,36 millones de euros”, declaró Pérez a Diario de Avisos.
El político lagunero introdujo otra presunta irregularidad en sus manifestaciones: según el contrato, en el momento de su finalización toda la flota de Urbaser pasaba a ser de propiedad municipal, de forma que el 30 de octubre de 2018 toda esa flota es ya del Ayuntamiento. “Desde el 1 de noviembre, Urbaser está prestando ese servicio con sus trabajadores, pero con una flota del Ayuntamiento, aunque le sigue cobrando lo mismo, y por tanto a los contribuyentes laguneros, como si siguiera prestando el servicio con su propia flota. Esto es un fraude inaceptable con la tolerancia del Gobierno municipal”.
Abreu recordó en su declaración judicial que este contrato, sin embargo, sigue prorrogado. Es decir, se mantiene en las mismas condiciones que criticó Santiago Pérez pese al cambio de gobierno municipal tras las elecciones de mayo de 2019, del que el propio denunciante pasó a formar parte con Avante en un pacto con PSOE y Unid@s Se Puede. Hay una diferencia: el actual grupo de gobierno ha cambiado la fórmula de fiscalización –a posteriori, no a priori como ocurría antes– para mantener la prórroga del servicio sin necesidad de levantar los reparos de la intervención.
El otro contrato que la juez ha pedido investigar, el de los centros ciudadanos, sí forma parte de la denuncia de Santiago Pérez del caso reparos. Pero Abreu entiende que de forma parcial, pues como indicó ante la jueza considera que habría que investigar lo ocurrido el 31 de julio de 2019. Ya con Luis Yeray Gutiérrez como alcalde y Santiago Pérez como concejal de Urbanismo, Bienestar Social y Calidad de Vida, el Ayuntamiento asume de manera temporal la gestión de los 46 centros ciudadanos del municipio que venía prestando Eulen desde 2014.
El pleno extraordinario del 31 de julio de 2019 aprueba la medida con 15 votos de PSOE, Unid@s se Puede, Avante, PP y Ciudadanos y la abstención de CC. Tal y como manifestó Abreu, la absorción se hizo sin fiscalización y beneficiando a Yaiza López, compañera del alcalde y concejala de Cultura, y Carla Cabrera, edil de Fiestas, ambas del PSOE. Trabajaban en Eulen pero al ser subrogado el personal de la empresa, se convirtieron en personal laboral del Ayuntamiento lagunero. Yaiza López se abstuvo en la votación del pleno.
La jueza remitió el testimonio de Abreu al Decanato para su reparto entre los juzgados por las presuntas irregularidades en los contratos mencionados y en el proceder de Santiago Pérez en su denuncia. Sobre este último punto, Ana Serrano-Jover apuntó en su providencia que Abreu declaró que el día anterior a su declaración recibió una llamada de la abogada de Santiago Pérez en el caso reparos, Sandra Rodríguez –política socialista y compañera del exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar– en la que le decía que su imputación era un error y que incluso iba a presentar un escrito para apartarlo.
Asimismo, la jueza recuerda que Abreu dijo recibir recados de gente del entorno del Ayuntamiento y de Santiago Pérez para "que se portara bien" en la declaración y que el mismo Santiago Pérez le comentó que el caso reparos no iba contra él sino contra Fernando Clavijo. Serrano-Jover secunda así a la fiscal María Farnés, que nada más terminar la declaración de Abreu el 5 de noviembre pidió que se llamase a declarar a Santiago Pérez por un presunto delito contra la Administración de Justicia.
La jueza que lleva la causa del caso reparos ha declarado improcedente la petición de la representación de Santiago Pérez, denunciante del caso, para investigar la filtración de la grabación del vídeo de la declaración judicial de 5 de noviembre de Javier Abreu. “Hay que recordar a dicha representación procesal que todas las partes personadas tienen acceso a las actuaciones y derecho a obtener copia de las mismas”, aclara la juez. “En cuanto a la publicación en medios de comunicación del vídeo esta instructora lo ignora, puesto que a la vista de las filtraciones del procedimiento desde el principio y teniendo los antecedentes de lo que pasó con la prensa en el caso Grúas, instruido en el Juzgado de instrucción número dos de La Laguna, tomé la decisión de no leer ninguna noticia de este procedimiento que saliera en los medios ni permito que se me comente por terceras personas, a fin de evitar “sugerencias” o presiones en la instrucción, que se lleva con criterios estrictamente jurídicos”, argumenta la magistrada en su escrito de respuesta a Abreu. Ese día, Javier Abreu, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna por el PSOE y que fue a declarar como investigado por levantar tres reparos como alcalde en funciones, aseguró ante la jueza y la fiscal María Farnés que Santiago Pérez y su abogada en esta causa, la política socialista Sandra Rodríguez, le prometieron retirarle la imputación si se “portaba bien” en su declaración. Además, admitió que Santiago Pérez le dijo que se reunía todas las semanas con el interventor, cuando estaba en la oposición, para preparar la denuncia del caso reparos con un objetivo claro: el exalcalde de Coalición Canaria Fernando Clavijo. |
