El candidato de Más País-Equo al Congreso por la Provincia tinerfeña, Omar Batista, considera que la mejor manera de evitar la subida de precios de los vuelos con la Península pasa por declarar la obligación de servicio público. A partir de ahí, y según recoge el programa de la nueva coalición para las Islas, no solo se seguirá aplicando la subvención del 75% a los residentes en Canarias, sino que los potenciales turistas peninsulares podrán venir al Archipiélago a un coste atractivo, reforzando así el principal motor económico de la región.

Del programa, que fue presentado de forma oficial el pasado sábado, Batista también destacó ayer a EL DÍA que se necesita diversificar más el modelo turístico, de manera que se oriente hacia potenciales como la naturaleza, la gastronomía, la celebración de bodas o todo lo relacionado con los colectivos LGTBI, "ya que lo de los apartamentos lo ofertan otros muchos destinos". A su juicio, se ha de tender hacia la sostenibilidad y a un cambio energético también en este ámbito, aunque atendiendo a las características de cada una de las Islas. Rechaza el gas y apuesta por la energía "totalmente limpia" y considera mucho mejor que se reformen núcleos turísticos como Los Cristianos o el Puerto de la Cruz a que se defienda la construcción de hoteles como el polémico de La Tejita o el de Los Abades, así como el puerto de Fonsalía en vez de mejorar el de Los Cristianos y las conexiones en esa zona.

Precisamente para interesarse por la situación del hotel junto a El Médano, Batista se desplazó hasta sus cimientos y se reunió con el portavoz de la Asociación ecologista Salvar La Tejita, Brian Harrison, que reúne a unas 300 personas. Aparte de remarcar las 100.000 firmas recogidas ya en contra de este proyecto, el candidato cree que este ejemplo resulta clave para ese cambio de modelo y subraya que "sería una lástima que el PSOE canario respalde esta construcción, al igual que sucede con el puerto de Fonsalía". Por eso, exige que el hotel se ajuste a derecho y se fije la servidumbre de protección en 100 metros, "tal y como señala la actual Ley de Costas".

La coalición también le da mucha relevancia a la inversión en educación, considera que se requiere más gasto en infraestructura y para garantizar la enseñanza pública a los colectivos con disfuncionalidad. Sobre carreteras y aunque exige los 500 millones pendientes, cree que debe abrirse un debate respecto a cuáles son realmente necesarias, potenciar los carriles bici y, por ejemplo, apostar más por uno para guaguas hasta el aeropuerto que porque llegue a ese equipamiento el tranvía.