Los municipios tardan hasta tres años en tramitar las licencias de viviendas

Los promotores y constructores canarios reclaman de una vez por todas más eficacia en la gestión urbanística de la Administración y la agilización de las licencias de obras para hacer realidad la construcción de nuevas viviendas y mitigar la emergencia habitacional que vive Canarias. Ante la constatación de que hay suelo suficiente en las Islas para edificar sin tener que recurrir a nuevas bolsas de terrenos, ahora lo que toca es que los ayuntamientos y el Gobierno regional pongan manos a la obra «porque estamos preparados para construir las viviendas que sean necesarias en todos los municipios de las Islas», asegura el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, que se queja de que las licencias tardan hasta tres años, lo que supone un lastre y unos sobrecostes inasumibles para muchas empresas.

El dirigente empresarial rechaza cualquier intento de recalificar suelo rústico y considera que «es un límite que no se debería sobrepasar» porque ya está demostrado que hay suelo urbano y urbanizable en el Archipiélago más que suficiente para atender la necesidad de viviendas de promoción pública y de alquiler asequible que requieren las familias canarias, tal y como informó LA PROVINCIA en su edición del domingo. «Nunca ha estado en la mente de los constructores que se pueda construir en suelo rústico, hay que protegerlo», añade.

Emergencia habitacional

Pero Canarias está en emergencia habitacional pese a contar con 22.000 hectáreas vacantes de suelo, de las que 7.658 son urbanas y 14.343 urbanizables. Esta situación está provocada por una deficiente gestión urbanística, la parálisis del planeamiento municipal y por unas empresas estancadas pendientes de las autorizaciones para poder construir y sometidas a una importante inseguridad jurídica debido al laberinto burocrático de las administraciones públicas y a la judicialización que sufren muchos planes generales. Izquierdo se queja de que «invertir es una aventura» porque en Canarias la gestión urbanística está en manos «de los funcionarios y de los jueces», lo que ha convertido a las Islas «en la comunidad española con mayor inseguridad jurídica».

Las dos patronales constructoras canarias –Fepeco y Aecp– denuncian las demoras en la concesión de las licencias para construir. Por eso la presidenta de los constructores de Las Palmas, Salud Gil, propone al Gobierno y a los ayuntamientos la creación de una licencia básica con la que poder iniciar las edificaciones en lo que se tramitan los informes sectoriales que requieren las instalaciones de las viviendas. Según Gil «en tres meses los ayuntamientos podrían aprobar una licencia básica para poder iniciar los movimientos de tierras y la estructura del edificio en lo que se gestiona la licencia definitiva, así se agilizarían las edificaciones y abarataríamos los costes». Asimismo, Gil propone que el silencio administrativo positivo se aplique sin necesidad de esperar por la certificación que debe emitir el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y que se bonifique el 90% del coste de las licencias cuando son para casas de protección oficial, así los precios serían más competitivos para los constructores.

Más demandantes

El presidente de los constructores tinerfeños, Óscar Izquierdo, advierte que son muchas más las familias demandantes de una vivienda que las 25.000 que figuran en los listados del Ejecutivo autonómico. El dirigente empresarial asegura que cuando se comience a adjudicar nuevas viviendas este número se puede duplicar porque hay muchas familias que no se apuntan al registro ante las dificultades que existen para acceder a un piso de promoción pública. Izquierdo valora el decreto ley de emergencia habitacional del Gobierno canario pero «es hora de coger el toro por los cuernos, desatascar la gestión y las licencias y poner más medios humanos para cambiar el modo de funcionamiento de la Administración, que cuenta con tecnología del siglo XXI pero con tiempos del siglo XIX», asevera.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Promotores e Inversores de Canarias (Aempic), Ramón Pérez, critica que la empresa pública Visocan cuente con suelo suficiente para construir viviendas públicas y no las ejecute, además de cuestionar las políticas públicas de vivienda de los distintos gobiernos porque «han sido fallidas». Por ello se muestra escéptico sobre el decreto ley de emergencia habitacional y las iniciativas que se han puesto sobre la mesa para agilizar la construcción inmobiliaria.

Pérez se queja de que la Administración «no ha prestado atención a los promotores privados» y porque «complican las cosas» generando desconfianza entre los inversores, que buscan suelo por su cuenta para edificar viviendas de promoción privada, un sector que está viviendo un buen momento en los últimos tiempos. Por ello el presidente de Aempic desconfía de medidas como la reconversión de locales comerciales y bajos de edificios en viviendas de protección oficial, que considera que van camino al fracaso. «Lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar un plan claro para construir las 20.000 viviendas públicas que hacen falta, cosa que no ha hecho hasta ahora», cuestiona.

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