Los súper canarios avisan que el impuesto de Podemos dañaría el empleo: «Es un sinsentido»

Podemos ha puesto en el ojo del huracán a los supermercados y el sector de la distribución. Tras desempeñar un papel clave en los momentos más duros de la pandemia, cuando las empresas se afanaron para prestar el mejor servicio posible aun cuando las medidas sanitarias estaban en pañales, las firmas del retail alimentario son ahora sospechosas, al menos para el partido morado, de aprovecharse de la ola inflacionaria para disparar aún más sus precios. Una acusación que los súper y el sector en Canarias niegan de plano y en la que, a su juicio, subyace la intención de «demonizarlos» para justificar el nuevo impuesto. Un gravamen que Podemos pone sobre la mesa «en el peor de los momentos» para las firmas que operan en las Islas, que sufren, como cualquier otra actividad, el extraordinario encarecimiento de los productos que luego venden en sus lineales. En cualquier caso, los morados tratan de convencer a su socio de gobierno en Madrid, el PSOE, para instaurar este impuesto, lo que ayudaría a costear su otra propuesta estrella: el reparto de cheques de entre 250 y 500 euros para la compra de alimentos entre ocho millones de hogares, de los que unos 350.000 serían canarios.

Lo cierto es que la fuerza política que cogobierna el país no ha dado muchos más detalles sobre su propuesta. Su idea es que el nuevo gravamen recaude una suma equivalente al 33% de las ganancias de las grandes distribuidoras y cadenas del sector. El Estado se quedaría así con una tercera parte de los beneficios de estas empresas, que es la parte que desde Podemos califican de «beneficios extraordinarios» por no estar justificados por la inflación. «Un gobierno que cuide y proteja a la gente no puede permitir que mientras haya personas a las que les cuesta mucho acceder a la cesta de la compra, los ricos se sigan enriqueciendo», expuso este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, tal como informa El Periódico de España. Sin embargo, el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, aclara que si hay una actividad que está lucrándose con la inflación, no es precisamente la del retail alimentario. «La única que está haciendo negocio es la Administración pública gracias al incremento de la recaudación», explica el representante de Asodiscan. Un argumento que secunda su homólogo en la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández: «Los beneficios extraordinarios son los del Gobierno y las Comunidades Autónomas con la subida de la recaudación por el IVA, o la del IGIC en el caso de Canarias».

Es evidente, exponen desde el sector, que los súper y las cadenas de la distribución alimentaria minorista han tenido que subir precios. No en vano les resultaría imposible mantener sus plantillas si no lo hiciesen. Ahora bien, este incremento está por debajo y hasta muy por debajo, subrayan, del experimentado por los costes. Porque si la leche y los huevos han subido de precio en los lineales se debe a que también han subido los precios que los supermercados pagan a sus proveedores. Y los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirige el PSOE, les dan la razón. El coste de la carne de cerdo se ha incrementado en origen un 62,5%, mientras que la subida que marca el IPC, la que afecta al bolsillo de los ciudadanos, es solamente del 12,3%. De modo que los súper no han aumentado el precio de venta al público de este tipo de carne en la misma medida en que se ha disparado su coste en origen. Ocurre también con otros productos digamos más básicos. Los huevos se han encarecido un 65,3% en origen, en términos interanuales, y un 25,5% en los lineales; y la leche, por ejemplo, un 58,6 y un 25% respectivamente. En resumen, ahonda el secretario general de Asuican, basta con echar un vistazo a los últimos datos oficiales, los correspondientes a octubre, que muestran cómo los precios percibidos por los agricultores son, de media, un 39,6% superiores a los del mismo mes del año pasado.

Una «estupidez»

En consecuencia, el sector avisa que si a los sobrecostes que viene soportando desde hace dos años (subidas récord de la electricidad y de los transportes, aumento de los precios en origen...) el Gobierno añade ahora nuevos gravámenes, la actividad se resentirá, y con ella, claro, el empleo. Difícilmente podrán las empresas cumplir sus planes para la contratación de trabajadores si la Administración les confisca un tercio de sus beneficios. Y ello sin tener en cuenta, como advierte Javier Puga, consejero delegado de HiperDino (firma de referencia del sector en el Archipiélago), que al final todo impuesto acaba por trasladarse a los precios, con lo que la cesta de la compra se encarecería aún más y, por tanto, el gravamen en cuestión contribuiría a agravar el problema que pretende paliar, esto es, la carestía de la cesta de la compra. Sobre si el sector se está aprovechando de la inflación para engordar los beneficios, el representante de HiperDino, en sintonía con Alfredo Medina y Alonso Fernández, es tajante: «Eso es una estupidez». Tanto que si se aleja la lupa sobre la actividad en las Islas para acercarla al negocio a nivel nacional, resulta que las ganancias (las ganancias en conjunto) de las seis grandes firmas distribuidoras del país ascienden a 1.300 millones, cuando el coste público mínimo de los cheques que plantea Podemos sería de 2.000 millones de euros.

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