Canarias ha sorteado de momento los problemas que ha soportado la Península por el paro de los transportistas. La cordura se impuso cuando peor color presentaba el panorama, pero las medidas adoptadas desde la Administración lograron mantener las muy revueltas aguas al margen de la tempestad. No obstante, la fuerte marejada se manifiesta de manera cíclica en torno a una de las columnas vertebrales del funcionamiento de la economía y la sociedad.
La ausencia de datos sobre el transporte por carretera llama especialmente la atención, dado su carácter estratégico. Un dato para entender su importancia capital. Bastan cuatro días de motores parados para que el espacio del que dispone el Puerto de La Luz y de Las Palmas para albergar los contenedores que traen los buques se colme por completo.
El siguiente movimiento sería comunicar a los portacontenedores que han de buscar refugio en otros lugares y la consecuencia, el paulatino descenso de los stocks que las empresas –también alimentarias– tienen en el Archipiélago.
Si la ignorancia no es mayor, es porque la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) se preocupa por saber el tamaño de la nave que pilota. Alrededor de 39.000 trabajadores están al volante de 26.670 vehículos: 14.000 camiones y furgonetas, 6.000 guaguas, idéntica cantidad de taxis, 450 ambulancias y 220 limusinas.
Cada año se mueven en transporte público 110 millones de pasajeros y 25 millones de jóvenes en edad escolar. A lo largo de todo 2021 los camiones retiraron o llevaron a los puertos canarios –solo los de titularidad estatal– 36,5 millones de toneladas de mercancía. Son solo algunos números que ponen de manifiesto la importancia del buen funcionamiento de la maquinaria.
En este ámbito del transporte escasean las grandes empresas, y las que merecen ese nombre no alcanzarían ni el calificativo de medianas en el resto del Estado. El 90% de los negocios no pasa de los cinco camiones y abundan los autónomos con un solo vehículo. El pequeño tamaño de los territorios insulares determina que el tejido empresarial presente estas características. Además, saltar a otra isla conlleva poner en marcha una nueva infraestructura desde cero, con lo que se hace complicado crecer.
Las administraciones son las que han de tomar decisiones para evitar disfunciones como las que han amenazado con concretarse durante las últimas semanas. Acercarse a la zona de acierto depende en buena medida de pisar suelo firme en el inicio del camino. ¿Dónde encontrar entonces la explicación a que nunca se haya realizado un trabajo de campo serio y certero desde el ámbito público canario?
«Más allá de las debilidades internas», que se generan, como en tantos otros ámbitos, por la fragmentación del territorio y la corta extensión del teatro de operaciones, «el verdadero hándicap es el desconocimiento que tienen las administraciones», diagnostica el secretario general de la FET, José Ángel Hernández. España cuenta con un sistema informático que contiene los datos de los transportistas y vehículos de todo el país, con la excepción de Canarias.
La comunidad autónoma tiene un régimen jurídico propio, como ocurre con muchas otras regiones, pero una particularidad que, a juicio de la FET, supone un lastre: ni comparte su información en esa herramienta ni tiene una propia, lo que la «aísla», opina Hernández. Tampoco los cabildos, que tienen mucho que decir, cuentan con las suyas. En definitiva, el caldo para servir un buen caos se cocina a fuego muy lento.
Valgan algunos ejemplos de en qué medida se depende de la colaboración que la patronal ofrezca en cada momento. Hace dos años era urgente implantar mecanismos bien engrasados para el reparto de mascarillas y solo se deshizo el nudo cuando los transportistas se sentaron a la mesa.
Medio año antes de aquello, las llamas devoraban buena parte del patrimonio natural y algunos núcleos poblacionales de Gran Canaria. Los camiones cuba de los bomberos iban en busca de agua a cada momento y en ese tiempo se perdían efectivos en la batalla contra las llamas. La falta de un inventario de recursos privados dificulta la respuesta cuando hay que afrontar un problema de cualquier naturaleza.
De nuevo fueron los profesionales del sector quienes dieron un paso al frente para ponerse al servicio del contingente desplegado. Lo mismo ocurrió con las guaguas que trasladaban vecinos a cualquier hora cuando se hicieron necesarios los desalojos. «Si no les decimos nosotros de cuántos vehículos de ese tipo pueden disponer, ellos no lo saben, porque no hay registros», recalca José Ángel Hernández sobre la «reivindicación histórica» que mantiene el sector.
Ese, hasta la fecha, perpetuo apagón motiva que cada vez que un Gobierno autonómico del signo que sea lleva una iniciativa al Parlamento de Canarias, desde la oposición se eleve alguna voz preguntando en base a qué datos se adopta la decisión. Saben que, o no existen, o se han extraído de un acelerado trabajo de campo carente de garantías.
Del mismo modo, se multiplican las dificultades cuando toca convencer a Madrid de la importancia de centrar la mira de la inversión estatal en el transporte isleño. La relevancia es una evidencia, pero sin números que avalen las demandas, atenderlas se convierten en un acto de fe.
Imposible hallar estudios que ofrezcan una visión general del sector dentro del Gobierno de Canarias. Casi lo mismo ocurre cuando se intenta acceder a trabajos académicos publicados. Las universidades han recibido encargos para profundizar en el conocimiento del transporte por carretera en las Islas, pero se topan con la inexistencia de un trabajo de recolección previo desde el que empezar a extraer algunas conclusiones válidas.
Sea porque este departamento cohabita la misma consejería que las millonarias obras públicas y, a veces –como ocurre en el presente–, la también relevante vivienda; o sea porque cuando se habla de transporte en las Islas, las primeras imágenes que se vienen a la mente son de aviones o barcos, lo cierto es que esta importante arteria para la paz social –pensemos en lineales de supermercados vacíos o gasolineras sin combustible, por ejemplo– recibe trato de maría.
¿Cuáles son las demandas al respecto? Una dirección general o viceconsejería «potentes», detalla el secretario general de la FET, con «ingenieros e informáticos que pongan en marcha ese registro que es absolutamente necesario. Es inconcebible que tengan que recurrir a nosotros para cuestiones tan fundamentales como conocer los kilómetros que recorren las mercancías peligrosas dentro de Canarias o las rutas por las que transitan».
Es solo un ejemplo de lo ignorados que se sienten los profesionales canarios. Claro, «como el transporte va sobre ruedas», ironiza Hernández. ¿Otro hecho? Cada vez que se construye un centro comercial, y en eso el Archipiélago tiene sobrada experiencia, se determina la ubicación de todos los elementos anejos: vías de acceso, aparcamientos... «Solo cuando ya está construido del todo y va a entrar en funcionamiento empiezan a pensar dónde para la guagua», sostiene la patronal.
El incremento del precio de los combustibles también fue el acelerante que puso en pie de guerra a los transportistas canarios. El presidente de la FET, José Agustín Espino, afirmaba hace menos de dos semanas que tendrían que cesar la actividad en un plazo de días. «Ni iremos a la huelga ni será un cierre patronal, simplemente tendremos que dejar de trabajar para no perder más dinero», explicó entonces.
En ese momento, pasaban diez días desde que una importante parte de sus colegas peninsulares habían apagado los motores para ponerse al lado de Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. En las Islas, sin embargo, la evidente tensión lograba contenerse dentro del cauce de las negociaciones. A pesar del panorama descrito por Espino, se mantenía la cautela.
Los transportistas sabían que tanto Madrid como el Ejecutivo autonómico se habían puesto manos a la obra. El menor coste del combustible en el Archipiélago jugaba a favor, si bien también es cierto que tanto los ingresos como el margen de beneficio son también los menos cuantiosos del país.
Al final, en la balanza pesó más la responsabilidad que la intención de incrementar la intensidad de las protestas. Los transportistas canarios saben que la lejanía de las Islas los convierte en fundamentales en la cadena de distribución de bienes. Además, la especial conformación de la FET obligaba a tener en cuenta perjuicios que no ocasionaban los paros del resto de España.
«No tenemos una estructura común», señala José Ángel Hernández. Mientras que en la Península el transporte por carretera tiene su propio espacio, en la FET convive junto a las guaguas públicas y privadas, algunos vehículos de alquiler, ambulancias y hasta limusinas. Las movilizaciones pueden llevarse por delante muchos servicios. «Paran las guaguas y los ciudadanos sufren un perjuicio ese día que ya no es reparable, pero si dejas de recoger una mercancía un día, puedes hacerlo al siguiente», explica Hernández.
El jueves de la semana pasada, varias ministras recibieron en Madrid al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Ahí comenzaron a tomar forma parte de las ayudas que se concretaron esta semana dentro del decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos que sobre la economía tiene la guerra de Ucrania.
El encuentro fue maratoniano y concluyó en la madrugada del viernes con la promesa –ya realidad– de abaratar en 20 céntimos cada litro de combustible, entre otras cuestiones. La FET mantenía a esa misma hora su convocatoria de movilizaciones en las siete islas, tal y como ya había comunicado a la Delegación del Gobierno central en las Islas: una protesta motorizada el lunes que amenazaba con colapsar el tráfico rodado y un paro total en los días posteriores.
En la mañana de ese mismo día, el presidente canario, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez, y el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, recibieron a una representación de la patronal del sector. En ese encuentro se acordaron, entre otras cosas, que, en lugar del 68% como hasta entonces, los transportistas recibirían de vuelta el 100% de sus pagos por el Impuesto sobre Combustibles o la revisión de los contratos del transporte escolar, que acumula unos 13 millones de euros de retraso.
Asamblea caliente
Aun así, hubo voces muy beligerantes en la asamblea que la patronal celebró esa misma tarde. No sin mediar un debate tenso, se decidió aplazar las protestas a la espera de la concreción de los compromisos adelantados por el Gobierno. Incluso, un grupo de transportistas disconformes con la marcha atrás hicieron acto de presencia el lunes pasado en el Puerto de La Luz.
Este embate se ha parado, pero los problemas volverán si no dejan de emplearse tiritas en lugar de explorar a fondo al enfermo. De momento, un hecho es demoledor, el escaso atractivo de la labor provoca que sea difícil hallar una autoescuela con alumnos matriculados para obtener el carné para conducir camiones.
José Luis Luján, camionero: «Ves que el volumen de trabajo es bueno pero no hay beneficios»
«Esto es la gota que nos ha colmado el vaso», apunta José Luis Luján, camionero desde hace 22 años. Con otros dos conductores en plantilla, está al frente de Transludi, una empresa de transportes que mueve desde escombros hasta materiales de construcción por toda Gran Canaria. «No sé cuánto tiempo podremos soportar esta situación», reconoce. Primero fue la pandemia, con la consiguiente paralización de diversos sectores, luego la escalada progresiva de los carburantes y, finalmente, la tormenta perfecta de la inflación desatada en el último mes por la guerra de Ucrania. «Llevábamos casi un año viendo subidas en el gasoil, pero desde enero la escalada ha sido bestial», señala, «ya cuando el precio pasó del euro fue como si estuviéramos en la Península». Entre febrero y marzo, este transportista calcula que ha tenido un sobrecoste de 2.800 euros para los tres camiones que tiene operativos. Si hasta las pasadas navidades gastaban unos 7.000 euros al mes, ahora la cifra supera los 9.800, asevera. «Trabajamos a pérdidas», afirma Luján, por lo que se está viendo obligado a tirar de los ahorros, «aunque la hucha se acaba», apostilla. Relata que ha llegado a pasar por la mañana por una estación de servicio y ver un precio, y al volver por la tarde por la misma ver el carburante cuatro céntimos más caro. «Tienes la esperanza de que baje algo, pero no», reconoce. «Ahora tienes que racanear el céntimo como sea», de ahí que, en busca de la gasolinera con el precio más asequible, los compañeros del sector ande el día preguntándose unos a otros . Respecto al descuento de 20 céntimos al combustible que ha aprobado el Gobierno, teme que «al ritmo de subida de los precios la ayuda se la coma en un par de semanas»; además, pone en cuestión que «haya coches de alta gama con la misma subvención que la de un vehículo industrial, que lo necesitamos para trabajar». También resalta que los fletes de los barcos se han disparado; lo mismo con el aceite, el aditivo Adblue del diesel o los neumáticos de las ruedas, que han pasado de 400 a más de 500 euros cada uno. No obstante, apunta que el número de viajes y pedidos no se ha resentido y eso es precisamente lo que más le frustra, «ves que el volumen de trabajo es bueno, pero al mismo tiempo te quedas sin beneficios». Luján reconoce que tiene «la esperanza» de que esta situación cambie en pocos meses, eso es lo que le anima a seguir adelante cada día.
Ramón Trujillo, taxista: «Estamos yendo de parada en parada, sale más rentable»
Hace cuatro años Ramón Almeida decidió cambiar su taxi de gasolina por uno totalmente eléctrico. Sin saberlo, estaba librándose de la mayor escalada de precios de los carburantes en décadas. «Pago una tarifa plana de 27 euros al mes por la electricidad», señala, «mientras, mis compañeros se están gastando hasta 300 y 400 euros en combustible»; eso son de 100 a 150 euros más de lo que se gastaban cuando comenzó el año, calcula. Y es que este taxista de Las Palmas de Gran Canaria, con más de 34 años al volante, ve la situación con preocupación. «Está siendo una cosa bestial, en tres meses han subido los precios un 32%», indica, «hay a quien le está saliendo a pérdidas salir a las calles». El gran contraste entre lo que paga este taxista y la gran mayoría de sus compañeros –en la capital grancanaria solo hay 40 taxis eléctricos de las más de 1.600 licencias que pueden circular por la ciudad– hace que cada vez sean más los que se interesan por dar el paso. «No paran de preguntarme cuánto pago de luz, cuánto tardo en cargar la batería, todo ese tipo de cosas», reseña el también presidente de AutaxiGC, «además ahora están ya más baratos que cuando yo lo compré». Por lo general, enchufa el coche por las noches en el garaje de su casa, mientras duerme; «y en la calle, como nunca lo dejo a cero, lo cargo unos 20 o 25 minutos en alguno de los puntos que hay». Pero la crisis de los carburantes solo es un problema más de los que arrastran. Almeida relata que cada vez es menos usual ver taxis dando vueltas por la ciudad, «estamos yendo de parada de en parada, sale más rentable». Esto no solo por la subida del combustible, que es algo que a él no le afecta directamente; la fuerte inflación ha hecho encarecer los precios de numerosos productos -incluida la cesta de la compra–, lo que ha provocado que las familias decidan recortar gastos. «Hay menos clientela y se nota cada vez más», asevera. Que la capital grancanaria sea la ciudad de España con más taxis por habitante no ayuda, indica. Esto lleva a que estén más tiempo fuera de casa. «Si antes salíamos unas 10 horas, ahora no bajamos de 12», corrobora en este sentido Francisco Reyes, compañero del gremio y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat). Almeida indica que, además, están a la espera de que el Gobierno de Canarias autorice la subida de las tarifas, que no se actualizan desde 2017.
Francisco Javier Mendoza, repartidor: «El consumo no es mucho, pero cada día hay que ir a repostar»
«En los cuatro años que llevo como repartidor nunca había visto unos precios tan altos de la gasolina». Francisco Javier Mendoza es uno de los miles de repartidores que surcan las calles en moto para llevar a casa de los canarios comida u otros artículos. En su caso, reparte las pizzas que se elaboran en el establecimiento para el que trabaja en Santa Cruz de Tenerife. Asegura que el consumo de la 125 que utiliza no es mucho, ya que es un vehículo pequeño, pero aún así «cada día hay que pasar por la gasolinera para repostar» sobre todo durante los fines de semana, cuando se multiplican los pedidos. En su caso, es consciente de que al ser asalariado no tiene los problemas que pueden tener otros compañeros que trabajan como autónomos «y algunos ni eso». Tanto el gasto de combustible como de mantenimiento de la moto, que es propiedad de la empresa, lo asume la propia pizzería. «En muchos negocios las condiciones laborales son pésimas, es una explotación, tanto en horas como en pago y en tareas», recalca, por lo que considera que la situación de muchos de los repartidores en Canarias es «crítica». Aunque él admite estar «contento» donde está. «El que tiene un buen trabajo en este sector no lo suelta», recalca. A pesar de la escalada del precio del combustible, Mendoza aclara que no han tomado ninguna medida adicional para tratar de ahorrar gasolina. «El consumo no es tanto, gasta unos diez euros cada dos días y el coste ha subido como un euro y medio», expone. Por lo que sigue acudiendo a la misma gasolinera «de siempre» y hace «lo que he hecho hasta ahora». Este joven de 30 años ha dedicado la mayor parte de su vida laboral a trabajar como repartidor en moto. «Al principio lo veía como un trabajo temporal, pasa el tiempo y piensas, ¿vas a ser repartidor toda la vida». Pero tras meditarlo termina pensando que aunque podría encontrar empleo en otros ámbitos «muchas veces las condiciones no compensan» mientras que como repartidor «no falta trabajo». «Si tienes experiencia y vales para esto vas a tener trabajo hasta que aburras», aclara. Aunque también señala que se trata de una actividad que no está exenta de riesgos. «Estar todo el día en la carretera tiene sus peligros aunque depende de como sea la persona», señala. En su caso sufrió un accidente importante. «Me operaron tres veces y estuve casi un año para recuperarme de la mano, pero ahora estoy bien», explica.
Juan Jesús García, repartidor: «Ahora si el domicilio está cerca llevamos el reparto en carretilla»
Juan Jesús García lleva a domicilio las compras que realizan los clientes del supermercado para el que trabaja desde hace tres años y medio. Cada día coge la furgoneta y reparte los pedidos por los alrededores de San Cristóbal de La Laguna. La escalada de la gasolina y el gasoil ha añadido gastos a la empresa y, por eso, –además de por la dificultad para aparcar que existe sobre todo en el centro de Aguere–, «si el domicilio está cerca prefiero llevar el pedido con una carretilla en lugar de con el furgón». Este trabajador de 35 años asegura que el desembolso que deben realizar para llenar el depósito del vehículo es casi el doble que hace unas semanas. Ahora «el céntimo marca la diferencia» y busca la gasolinera más barata en los alrededores para repostar. También está optimizando los trayectos «para tratar de ahorrar tiempo y gasolina», algo que señala «no es nada nuevo» ya que es algo habitual entre los transportistas pero que debido a la actual crisis se toma mucho más en serio. Respecto a la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible, aprobada esta semana por el Gobierno central, opina que es «una tomadura de pelo», ya que el descuento es insuficiente. «Si ya ha subido al menos 70 céntimos aún con el descuento me sigue saliendo más caro que hace un mes». Y lo compara con una oferta de alguno de sus proveedores. «Es como si me hace un descuento de la mitad y multiplica el precio por tres, sigues perdiendo», explica. Por lo que considera que igual «habría que tocar los impuestos» del combustible porque es consciente de que la gasolina «sube cada día». Por eso, entiende que los transportistas dijesen basta ya la pasada semana, a pesar de que el supermercado para el que trabaja podría haber visto afectado su suministro si los paros de los profesionales de este sector se hubieran extendido en Canarias. «Nos hubieran fastidiado pero tenían parte de razón y alguien tenía que saltar», opina. García insiste en que el problema no es únicamente el alza de la gasolina sino la subida de todo lo demás. «No es solo lo que nos gastamos en gasoil, es también el mantenimiento de la furgoneta o la luz», insiste. Algo que apunta ya está empezando a notarse entre los clientes del supermercado. «No todo el mundo puede comprarse los caprichos que veías antes», explica, ahora «te dicen, me llevo esto, pero porque es mi cumpleaños, tienen que tener una razón especial».
