El 48 % de los 7.000 millones de euros aprobados para ayudar a las pymes y autónomos más afectados por la pandemia de coronavirus aún no se han repartido y en torno a un tercio se quedarán previsiblemente sin ejecutar, ya que las solicitudes registradas no cubren todos los recursos a disposición de las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, se ha abonado de momento el 70,41 % del total de solicitudes presentadas por autónomos y micropymes por un importe de 352,1 millones, si bien está previsto que esta semana se empiecen a pagar las ayudas concedidas a empresas de mayor tamaño (a partir de 11 empleados).
De los 7.000 millones aprobados por el Gobierno en marzo y transferidos a las comunidades, se han desembolsado o están en proceso de pago a los beneficiarios un total de 3.642,3 millones, el 52,2 % del total, de acuerdo con los datos recabados por las delegaciones de EFE, salvo en el caso de Galicia, donde la Xunta ha informado de que aún no dispone del balance.
Por esta razón, y porque aún quedan por resolver las convocatorias cerradas en noviembre y las que lo harán en diciembre, la cifra final podría aumentar cuando se cierre el proceso, sobre todo en Canarias, donde se espera una ejecución mucho más alta a la actual.
Pendientes de tramitación o resolución todavía hay solicitudes y convocatorias al menos en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Madrid.
Baleares roza el 100% de ejecución
Baleares es de momento la excepción, con una ejecución de casi el 100 %, aunque en su caso y en el de Canarias el importe de las ayudas y los requisitos para su reparto fueron excepcionales al tratarse de las autonomías más dañadas por las restricciones asociadas a la crisis de la Covid-19.
En estas comunidades las ayudas pueden llegar a los cinco millones de euros por beneficiario, mientras que para el resto el máximo son 200.000 euros.
Descontando los 2.000 millones de Canarias y Baleares, el reparto de los 5.000 millones restantes se queda por debajo del 50 %, con varias comunidades con un nivel de ejecución inferior al 40 %, como es el caso de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.
Hay otras como Madrid, La Rioja y Cataluña, en las que la ejecución supera el 65 %. En la franja intermedia se sitúan regiones como Andalucía y Castilla y León que prevén cerrar el proceso con una ejecución de más del 60 %.
