Se acerca la fecha en la que JSP entrará en concurso de acreedores –4 de julio– y se redoblan los esfuerzos para prolongar la vida de una de las principales industrias de las Islas. El Gobierno de Canarias está volcado en propiciar la llegada de inversores y abrir vías de financiación que permitan sanear unas cuentas que reflejan unos 60 millones de euros de deuda. Entre estas se incluye la participación en la operación de AvalCanarias (de mayoría pública), que podría garantizar entre el 10% y el 12% de la deuda. Mientras, la plantilla de trabajadores, unos 500, preparan movilizaciones para el viernes de la semana próxima, última fecha laborable antes de que se consuma el plazo.

El Ejecutivo autónomo se resiste a dejar caer a una empresa que puede parecer pequeña en comparación con las grandes plantas de producción de la Península pero que, a escala canaria, resulta estratégica. El fondo de capital riesgo Hiperion dio un paso al frente hace casi cinco semanas. Desde entonces apostó por el perfil bajo mientras negocia el tamaño de la quita que estarían dispuestos a aceptar los bancos, principales acreedores de la compañía al acumular más de 40 millones de euros del pasivo.

En Asturias, región de origen de dicho vehículo inversor, que alumbraron y capitanean el expropietario del Real Oviedo Celso González y el presidente de Quirónsalud, Víctor Madera, aseguran no saber nada de otros inversores que aspiren a hacerse con la industria de alimentación isleña.

En la carrera por colocarse, solo ellos y los alemanes de Quantum, otro fondo inversor pero en este caso industrial y con experiencia en el sector alimentario, llegaron al final. Los germanos incluso visitaron algunos centros de producción de JSP. Sin embargo, el estudio financiero y de viabilidad terminó por hacerles desistir.

Hiperion se quedó solo, pero el Ejecutivo canario no quiere llegar a la última fecha con los asturianos comunicando que no han podido cerrar un acuerdo satisfactorio y retirándose, escenario que es perfectamente posible. La Consejería de Industria está en manos de Agrupación Socialista Gomera (ASG), si bien el papel más activo en la salvación corre por cuenta del PSOE –Presidencia y Economía– y Nueva Canarias (NC) –Vicepresidencia y Hacienda–, en cuya órbita de acción de gobierno se sitúa AvalCanarias.

Gana fuerza la posibilidad de una salida coral con capital canario y privado; “no hay otra vía”, señalan fuentes del Ejecutivo regional. “El papel del Gobierno consiste en mediar y facilitar una solución que implique a inversores privados”, insisten, de cara a “posibilitar la sucesión empresarial”; si bien tampoco se descarta que la familia Sánchez se mantenga a bordo del proyecto.

Son muchas las empresas canarias que han quedado maltrechas tras la llegada de la pandemia y eso no deja espacio para concesiones públicas. No obstante, sí hay mecanismos que se han activado. AvalCanarias, la sociedad de garantía de mayoría pública (54,1%), también. Su pequeño tamaño no permite pensar en operaciones superiores a los entre seis y siete millones de euros, pero de quedar finalmente dentro de esa horquilla la solución, estaría capacitada para avalar una refinanciación. Eso en el caso de que los bancos admitan remitirle la operación.

También puede AvalCanarias llegar al 100% de los préstamos con cargo a una garantía real. Por ejemplo, un crédito hipotecario sobre un inmueble. La actual regulación de la actividad financiera impide al sector bancario superar el 70%.

Máxima prudencia y silencio son las consignas con las que trabajan los negociadores. Aseguran que cada vez que aparece publicada una noticia sobre JSP, las conversaciones pierden fluidez.

Los trabajadores sospechan de tanta fragilidad. «Yo entiendo que si no tuviera nada que ocultar y fuera una persona seria, una de las primeras cosas que haría sería reunirme con la plantilla y explicar cuáles son mis planes», sostiene el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes. Hasta la fecha ningún empleado «sabe qué cara tienen» los mandamases de Hiperion, «ni si hay otros inversores dispuestos a poner el dinero que hace falta para mantener la actividad», enfatiza Yanes.

La representación sindical de los trabajadores calcula que cada empleado ha puesto «de su bolsillo entre 40.000 y 50.000 euros» –descuelgues salariales– desde que, en el año 2012, el rumbo comenzó a torcerse. El exceso de apalancamiento en el momento en que estalló la crisis de 2008 se intentó enjugar con una sucesión de huidas hacia adelante –nuevos endeudamientos y refinanciaciones– que, lejos de ser la solución, vinieron a agravar el problema.

Las asambleas de los distintos centros de producción celebran reuniones estos días para determinar las medidas a tomar ante la cercanía de la finalización del plazo. JSP está en preconcurso de acreedores desde marzo y el próximo 4 de julio entrará en concurso si no se pone sobre la mesa un plan que garantice su viabilidad.

«Si esta empresa se deja caer, habrá que mirar a muchos lados», afirma Yanes. En el caso de llegar al concurso de acreedores, la deuda con los trabajadores podría transferirse al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y tardarían años en cobrar las cantidades que se les adeudan. Para el viernes próximo convocarán una huelga y concentraciones en las dos capitales canarias.