Todos los grupos del Senado acordaron ayer de forma unánime “blindar” el futuro del plátano canario y encontrar un encaje para el sector en la Ley de Calidad Alimentaria. Lo hicieron a través de su apoyo a una moción presentada por el senador autonómico, Fernando Clavijo (CC), quien aseguró que “no está todo el trabajo hecho», ya que ahora «es necesario centrar los esfuerzos para que el acuerdo que hemos alcanzado siente las bases para conseguir colocar una disposición adicional a la Ley de Cadena Alimentaria que recoja el espíritu de la iniciativa que hemos aprobado y consigamos dar seguridad jurídica y tranquilidad a un sector vital para Canarias”.
La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que se tramita en estos momentos en Madrid, quiere introducir la variable de los costes de producción para fijar los precios de los productos agrícolas, de manera que quede prohibido vender a pérdidas y garantizar así un precio mínimo a agricultores y ganaderos, después de que el año pasado salieran a la calle a exigir que se les pagara de manera justa por sus cosechas.
Sin embargo, los plataneros canarios quieren quedar excluidos al menos de los artículos de esta normativa que les obligarían a vender la fruta por encima de los costes de producción, ya que alegan que perderían capacidad de competir con la banana sudamericana, que puede vender a precios más baratos, al no tener que acogerse a la normativa europea, mucho más garantista. Para ello, han solicitado quedar al margen de parte del articulado de esta normativa con la introducción de una enmienda que les permita vender a pérdidas la fruta, para así no perder cuota de mercado en la Península. De lo contrario, aseguran que no les quedará otra que incumplir la ley o que una parte importante de la producción canaria, –unos 100 millones de kilos anuales–, tengan que tirarse al no poder ser comercializados.
Clavijo insistió ayer en que de no modificarse, «la normativa podría llevarse por delante a miles de productores y a un sector casi artesanal en las Islas», por lo que recalcó «la necesidad de darle un encaje al plátano canario en la ley para que el sector sobreviva» y recordó que países como Francia «también establecen mecanismos de protección a las producciones de sus regiones RUP».
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) manifestó ayer que el acuerdo alcanzado en el Senado es «un paso adelante» en el reconocimiento de que el sector del Plátano de Canarias es merecedor de un tratamiento específico al tratarse de un cultivo de una Región Ultraperiférica.
La moción insta al Gobierno central para que establezca una adición normativa en la Ley de Cadena Alimentaria para que con plena seguridad jurídica se asegure que la aplicación de los artículos 9.1c), 9.1j) y 12ter, –que hacen referencia a la prohibición de vender a pérdidas–, no representen un daño económico ni una pérdida de volumen de comercialización del Plátano de Canarias.
Domingo Martín, presidente de Asprocan, valora que en el nuevo texto aprobado haya un «compromiso claro y unánime» de todos los grupos con representación en el Senado, y espera que, tanto el Gobierno de España como los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, se unan para «acabar con la incertidumbre en el sector platanero español, del que depende el futuro de 15.000 familias en Canarias».
