Demora, burocracia y escasez limitan el impacto de las ayudas contra la crisis

Ayuda al alquiler.

La Comunidad Autónoma recibió del Estado 5,3 millones de euros para las subvenciones para el pago del alquiler de la vivienda habitual de ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus. Esta nueva línea de ayudas se integró en las medidas previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para el que el Gobierno central transfirió a las cuentas del Ejecutivo autonómico un montante de casi 24,6 millones. De entrada se presentaron unas 24.000 solicitudes, pero varios miles llegaron a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional por duplicado, de modo que tras una primera criba se quedaron en 18.000. La propia consejería decidió ampliar los fondos para la ayuda al pago del alquiler y puso de su bolsillo otros 15,3 millones de euros, el triple de lo aportado por el Estado, para un total de 20,6 millones. Sin embargo, de momento solo se han abonado 2.100 ayudas, un 12% de esas 18.000 solicitudes iniciales, en su gran mayoría de autónomos sin ingresos y asalariados en expedientes de regulación de empleo, tanto temporales (ERTE) como definitivos (ERE). ¿Por qué el número de beneficiarios es tan bajo a pesar del esfuerzo de la Consejería de Vivienda para aportar esos 15,3 millones extras? Por los requisitos establecidos por el Estado, que son imposibles de cumplir en su totalidad para un 40% de los solicitantes canarios. Dicho de otro modo: cuatro de cada diez peticiones de la ayuda para el pago del alquiler terminan siendo denegadas. Esta subvención puede llegar a cubrir el pago íntegro del recibo del alquiler durante seis meses.

Moratoria del alquiler.

Fue anunciada como una de las medidas estrella del escudo social del Gobierno de Pedro Sánchez. Dirigida a las personas en especial situación de vulnerabilidad social –quien se ha quedado en paro, está en un ERTE o ha sufrido una «pérdida sustancial de ingresos»–, permite el aplazamiento sin recargo del pago del alquiler de la vivienda habitual. En este caso no se trata, por tanto, de una ayuda para abonar el recibo, sino de la posibilidad de dejar de pagarlo. En concreto, si el propietario del piso o la casa es una entidad pública o un gran tenedor –la persona o empresa que posee más de diez inmuebles urbanos, sin contar garajes y trasteros–, el inquilino se beneficiará del aplazamiento del pago del alquiler desde el mes siguiente a la solicitud o, como alternativa, de una rebaja del recibo a la mitad. Eso sí, si el casero no es un gran tenedor, entonces no está obligado a echar una mano al inquilino. ¿Cuántos canarios se han acogido a esta medida del escudo social de PSOE y Podemos? No se sabe. Es más, no lo sabe ni el propio Gobierno central, que así lo reconoce abiertamente en respuesta a una pregunta por escrito de los diputados canarios en el Congreso. La moratoria, reza la contestación del Ejecutivo estatal, «se desarrolla y aplica en el marco de la relación jurídica entre las partes [arrendador y arrendatario] sin que en el procedimiento se haya establecido ningún tipo de comunicación a las Administraciones Públicas, por lo que no se dispone del número de familias beneficiadas». En otras palabras: el Gobierno admite sin ambages que no hay posibilidad alguna de saber cuántas personas se han beneficiado, lo que en este caso es tanto como decir que no hay posibilidad alguna de calibrar la eficacia de la medida misma. No obstante, el Ejecutivo puntualiza que, «en todo caso, se significa que se trata de un conjunto de medidas que están a disposición de los 128.190 hogares que residen en una vivienda en alquiler en la Comunidad Autónoma de Canarias».

Ingreso Mínimo.

Pensado antes del estallido de la pandemia y aprobado deprisa y corriendo por la insistencia del dimitido Pablo Iglesias –el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, era partidario de tenerlo mejor atado aunque ello supusiera un retraso de algunos meses–, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue estando muy lejos de llegar a tantos ciudadanos como quiere el Gobierno. Y no por falta de solicitudes, sino porque la mayoría, la gran mayoría, está siendo rechazada. Más del 80% de las peticiones que se hacen desde la Comunidad Autónoma acaban en la papelera de reciclaje. En estos momentos, según los últimos datos oficiales, son 23.704 los isleños que ya se benefician del IMV, lo que no quiere decir que lo estén cobrando 23.704 personas, ya que esa cantidad es la suma de todos los miembros de las familias de los perceptores propiamente dichos. Es verdad que se trata de una cifra considerable, al menos si se compara con los beneficiarios de las medidas destinadas para ayudar a quienes viven de alquiler, pero es igualmente cierto que está muy lejos de las 90.000 personas –48.500 familias– que sobre el papel cumplen los requisitos para recibir este subsidio.

Ayudas a autónomos.

Casi todas las empresas isleñas se han visto golpeadas por la crisis del coronavirus, pero la parte del tejido productivo más duramente golpeada ha sido la de las pymes y los trabajadores autónomos, que son más del 90% de ese tejido. Los autoempleados han recibido ayudas por distintas vías –Gobiernos, cabildos, ayuntamientos– pero todas con una característica en común: su insuficiencia. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita. En ATA calculan que las ayudas que puede recibir un autoempleado apenas cubrirían el 10% de las pérdidas –solo uno de cada diez euros–. Los datos de la asociación muestran que son unos 25.000 los autónomos que están cobrando la prestación por cese de actividad; si esta no se prorroga tras el estado de alarma, la mitad estará abocada a cerrar su negocio para siempre.