El último barómetro de los Gestores Administrativos, que se ha llevado a cabo entre los días 9 y 13 de abril, deja al descubierto un dato alarmante para las pequeñas y medianas empresas: un 23% de las pumes que cuentan con un ICO no podrán acogerse a las medidas de ampliación de la carencia o la amortización que aprobó el Gobierno el pasado mes de noviembre. Esto es así como consecuencia de tener impagos con más de 90 días frente a entidades financieras.

Una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO Covid es no estar en mora. Sin embargo, la medida no es realista, ya que parece desconocer las graves dificultades por las que están pasando las pymes debido a su falta de liquidez que les impiden hacer frente a sus compromisos financieros. “Es una regla de tres sencilla de entender. Si la economía no existe o se ha reducido drásticamente en el mejor de los casos, lo lógico es que las pymes precisen ayuda. Y en esa situación se encuentran todas sin excepción, ya que tanto las que con mucho esfuerzo han podido estar al día, como las que arrastran mora, necesitan ayuda más que nunca. Y en esas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo no se puede mirar hacia otro lado y dejarlas caer”, asegura la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, Estefanía Hernández.

Otro de los datos reveladores de la situación que viven las pequeñas y medianas empresas y que arroja el barómetro de los gA, establece que el 21% de las pymes precisan acogerse a las ayudas directas establecidas por el Real Decreto Ley 5/2021. Sin embargo, un 43% de estas empresas no podrán hacerlo por no estar al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, requisito para poder acceder a las ayudas directas.

Ese dato viene a demostrar “un absoluto desconocimiento de como funciona nuestro tejido productivo”, advierte Estefanía Hernández. Las pymes son el motor económico del país y si no se salvan los negocios se producirá un colapso de la economía.