Más de 200.000 canarios que estuvieron en el paro en algún momento del año pasado y que se verán obligados a presentar la declaración de la Renta al tener dos pagadores, –su antigua empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe)–, no podrán acogerse al fraccionamiento extraordinario aprobado por el Ministerio de Hacienda para los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a pesar de tener una situación muy similar a estos trabajadores.

En total son 204.334 personas que en 2020 solicitaron prestaciones por desempleo en el Archipiélago. Entre ellos puede haber trabajadores que todavía continúen en paro, pero también otros que hayan estado desempleados por algún tiempo y después hayan firmado un nuevo contrato, ya que al tener dos pagadores, deberán declarar todos aquellos que hayan ingresado más de 14.000 euros brutos anuales y hayan recibido al menos 1.500 euros por parte del segundo pagador.

Sin embargo, tal y como ocurre con los que estuvieron en ERTE, estos contribuyentes han tenido menores retenciones de lo habitual por parte del SEPE y al tener que tributar es muy probable que tengan que ajustar cuentas con Hacienda y les toque pagar en su declaración. Una situación que también afecta a 8.814 trabajadores de empresas privadas y 1.763 empleados públicos que se jubilaron el pasado año.

Así lo denuncia el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ha reclamado a la ministra, María Jesús Montero, que el fraccionamiento extraordinario de la cuota a pagar de la declaración del IRPF-2020 que se ha aprobado para las personas beneficiarias de prestaciones vinculadas a ERTE, – un mecanismo que permite abonar la cantidad a devolver en seis meses sin intereses–, se aplique además a los hayan estado desempleados el año pasado.

“A los expedientes de regulación de empleo se les da un trato especializado, pero también se ha quedado mucha gente en paro en el último año, y en Canarias mucho más, y a ellos en cambio no se les aplica”, argumenta Carlos Fernández, portavoz de Gestha en Canarias.

Hasta ahora, Hacienda permitía dos tipos de fraccionamiento del pago de la cantidad que los contribuyentes deben ingresar a la Agencia Tributaria si la declaración les sale a devolver. La Ley de IRPF permite dividirlo en dos pagos, del 60% y el 40%, sin intereses, que se abonarán en el momento de presentar la declaración y cuatro meses más tarde. Para aquellos que tengan falta de liquidez pueden hacerlo a lo largo de un año, aunque eso sí, Hacienda aplicará un interés a la deuda. Como novedad en esta campaña se ha incluido este fraccionamiento extraordinario en seis meses sin intereses, pero solo para aquellos que hayan estado en un ERTE.

“Es un trato desigual, ya que en el caso de las prestaciones por desempleo la retención también es mínima, deben presentar la declaración y no tienen derecho a esos seis meses de pago”, evidencia Fernández. Sin embargo, no confía en que Hacienda vaya a cambiar su postura, aunque asegura que todavía está a tiempo de aplicarlo “si hubiera voluntad”.

Para Fernández la única vía que hubiera evitado muchos de los problemas que han marcado esta campaña de la Renta, –como el desembolso que tendrán que realizar a Hacienda los afectados por ERTE o quienes hayan recibido prestaciones por desempleo–, hubiera sido que los que se encontrasen en esa situación “les hubieran reclamado al SEPE que les aplicara más retenciones, porque están en su derecho”.

Sin embargo, considera que al ser tan bajos los sueldos en Canarias, las devoluciones de muchas de estas declaraciones “serán cantidades pequeñas” y no alcanzarán las cifras que se han manejado en los últimos días para este tipo de casos.

Subida de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en 2022

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que las subidas del Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, estos últimos tributos cedidos a las comunidades, puedan entrar en vigor el próximo ejercicio, atendiendo a las recomendaciones que trasladen los 17 expertos que abordarán la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo y cuyo comité se constituyó ayer. Montero explicó que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con “especial interés” en los referidos a los grandes patrimonios. Aunque los expertos tendrán hasta el 28 de febrero para presentar sus conclusiones, Montero avanzó que la idea del Ejecutivo es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre las figuras fiscales para que el Gobierno las pueda incluir en los Presupuestos de 2022 y con ello lograr el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del PIB. La ministra argumentó que la reforma fiscal trata de evitar que “a nivel autonómico” se dejen “vacíos de contenido” algunas figuras fiscales “como ha sucedido en algunas comunidades” o abordar que la economía digital tenga un mayor reflejo en la tributación de España.