Usted asumió hace un año la responsabilidad de hacer frente al abandono de la España interior, lo que supone revertir un proceso de décadas. ¿Qué ha podido hacer en un año?

Hemos actualizado la estrategia dirigida a revertir esta tendencia e identificado las intervenciones que se deben activar desde el Estado, sabiendo que es fundamental que se sumen las administraciones, como las autonomías, que tienen capacidad real en el territorio. También nos hemos focalizado en algunas áreas específicas, como en la franja transfronteriza con Portugal. Mañana tenemos una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico donde presentaremos las medidas que se van a aplicar. Incluyen mejoras en la conectividad, el aprovechamiento de la digitalización para acceder a determinados servicios, iniciativas ambientales y de la custodia del territorio, además de políticas activas muy concretas en cuanto al acceso a la vivienda, la movilidad y la utilización de formas de energía modernas.

¿Cuáles son esas medidas?

Hay muchas. El trabajo lo han desempeñado los ministerios. Incluyen también una selección de las propuestas impulsadas por ayuntamientos, vecinos y organizaciones sociales en la convocatoria que sacamos antes de Navidad. Recibimos más de 4.200 expresiones de interés. Hay ideas muy novedosas y muy interesantes. Las hemos agrupado en diez grandes ejes, que llevan además calendarios de ejecución.

En las próximas semanas se aprobará en el Congreso de lo Diputados la ley de cambio climático. Los ecologistas la han tachado de poco ambiciosa.

Sin embargo, es una de las leyes más ambiciosas de la Unión Europea. Nuestros objetivos para 2030 están muy por encima de las obligaciones que planteaba la Comisión Europea para España. Se pretende trasladar al caso de España la reducción del 55% de las emisiones respecto a 1990 acordado para el conjunto de la Unión, pero ignorando que nuestra situación en esa fecha no tenía nada que ver con la de Alemania o Francia. España contó con objetivos de contención de emisiones y no de reducción por esta razón. Una reducción del 55% respecto a 1990 sería en realidad del 75% respecto a nuestras emisiones actuales.

¿Qué consecuencias tendría reducir ese 75%?

Obligaría a limitar el uso del coche durante varios meses al año de forma parecida a lo que ha ocurrido durante la pandemia de coronavirus. Lo que necesitamos ahora mismo es que la ley entre en vigor cuanto antes para que el proceso se acelere y revisaremos nuestros objetivos al alza dentro de dos años, en 2023.