El Gobierno central retomará junto con la patronal y los sindicatos la negociación para desmontar la reforma laboral. Así lo comunicó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien anunció que convocará la mesa de diálogo para tratar este asunto con los agentes sociales el próximo miércoles 17 de marzo, abordando así uno de los compromisos del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, la derogación de los cambios introducidos en 2012 por el Partido Popular para flexibilizar el mercado de trabajo, o al menos los aspectos “más lesivos” de esta reforma.
Díaz aseguró que con esta negociación se empezará a abordar la “modernización” del mercado laboral, en una mesa que no solo tratará la reforma laboral, sino también otras materias que han sido remitidas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y que se centran en la contratación laboral o en medidas contra la precariedad.
En la rueda de prensa para comunicar el acuerdo de regularización de la situación de los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders, Díaz señaló que esta negociación supone un reto tanto para el Gobierno como para los agentes sociales. “Vamos a estar encerrados, casi como si fuera una oposición, para desplegar todos los efectos, porque nos hemos comprometido con Bruselas y porque el Gobierno y los agentes sociales quieren abordar estar reformas”, indicó.
Lo cierto es que el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos habían comenzado a sondear algunas materias antes de que la irrupción de la pandemia lo paralizara todo. Por lo que la ministra pretende retomar la negociación en el punto en el que se abandonó el año pasado. En ese momento, los asuntos que estaban sobre la mesa eran: establecer cambios en la negociación colectiva, en las decisiones unilaterales para modificar las condiciones laborales y en la subcontratación. Díaz también ha aclarado que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas en reformar la contratación laboral, los modelos de contrato y las causas de la contratación temporal.
Ante la paralización del diálogo social para abordar la agenda de reformas sociales a las que se había comprometido el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, los sindicatos anunciaron el pasado mes de enero una serie de movilizaciones para exigir al Gobierno los cambios anunciados.
De esta manera, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), convocaron manifestaciones el pasado 11 de febrero en las capitales de provincia de todo el país para reclamar no solo la derogación de la reforma laboral, sino también la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma del sistema público de pensiones. Ayer, los sindicatos volvieron a manifestarse en una nueva jornada de movilizaciones.
Derogación urgente
En la concentración celebrada frente a la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, –a la que acudieron medio centenar de personas–, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, consideró que se debe derogar de forma urgente la reforma laboral para evitar una nueva sangría de despidos utilizando este mecanismo en el momento que decaiga la protección ofrecida por los ERTE. “El aspecto más lesivo son los despidos por carácter objetivo que contempla, que van a facilitar que cualquier excusa sea válida para despedir”, valoró.
Respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, manifestó que no renuncian a que alcance al final de la legislatura el 60% del salario medio como quiere Bruselas. “Todos los países europeos en una situación similar a la nuestra lo han incrementado, el Gobierno debe cumplir su compromiso”, determinó.
Cambios claves para las Islas
Los representantes de UGT y CCOO en Canarias aseguran que las reformas que se pretenden abordar son determinantes para los trabajadores y pensionistas en el Archipiélago, un territorio en el que alrededor de 110.000 personas cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sindicatos quieren que alcance los mil euros este año y que de esta manera, aquellas personas que están fuera del marco de los convenios colectivos no vean nuevamente congelado su salario como ha ocurrido en 2021. Respecto a la derogación de los cambios en el sistema de pensiones y al blindaje de su incremento anual, los sindicatos también insisten en que beneficiaría de forma notable a los jubilados de Canarias, donde la cuantía de las pensiones es de las menores de España, además de que en el Archipiélago unas 50.000 personas cobran pensiones no contributivas.
