El Ministerio de Sanidad autorizó ayer un nuevo tipo de test para la entrada al país. Pero no el de antígenos. El Departamento de Salvador Illa ha ignorado así el decreto con que el Gobierno canario pretende validar los test rápidos de antígenos en la Comunidad Autónoma. Y lo ha hecho menos de 24 horas después de la publicación de la normativa regional. A partir de ahora, quienes quieran entrar en España podrán acreditar que no tienen la Covid-19 tanto con una PCR como con una TMA (las siglas en inglés de Amplificación Mediada por Transcripción). La TMA es una técnica molecular para la detección del coronavirus con una fiabilidad equivalente a la de la PCR. Pero ni su uso es habitual, ni es tan rápida como los test de antígenos, ni es barata. Si la PCR puede llegar a 150 euros por persona, la TMA puede costar unos cien. De modo que no ayudará a traer turistas, que es el principal objetivo del decreto con que el Ejecutivo autonómico autoriza o intenta autorizar los test de antígenos. Una familia inglesa o alemana de cuatro miembros tendría que desembolsar unos 600 euros solo por las PCR —400 si encuentra donde les hagan las TMA— para poder venir a las Islas, y a eso hay que sumar el pasaje, el alojamiento, las excursiones... Un coste inasumible para miles de potenciales turistas.

Madrid autoriza nuevos test para entrar en el país pero deja fuera el de antígenos

La resolución de la Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, para validar las TMA —que entró en vigor desde ayer mismo— supone así un nuevo jarro de agua fría. Tanto para el Gobierno de Ángel Víctor Torres como, sobre todo, para las empresas y los trabajadores del sector turístico. El Ejecutivo ve cómo el Ministerio no solo no acepta el órdago que implica el decreto autonómico, sino que directamente lo ha pasado por alto. Y empresas, asalariados y autónomos siguen sin tener la seguridad de que finalmente se acepten los test de antígenos. No solo porque el Ministerio de Illa haya obviado la demanda de la Comunidad Autónoma a las primeras de cambio, sino también porque los médicos de Sanidad Exterior son funcionarios del Estado, y como tales, obedecerán lo que dicte el ministro y no lo que dicte Torres.

“Mientras el Ministerio de Sanidad no nos indique otra cosa, nuestras instrucciones son pedir la PCR, es lo único que se admite junto con la TMA; es decir, no se admiten los test de antígenos”, aclaró ayer la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco. No en vano, y por más que el Gobierno regional se arrogue la competencia para el “establecimiento” de los requisitos de salud pública que deben cumplirse para entrar en Canarias —y validar así los test de antígenos en contra del criterio del Ejecutivo central—, los funcionarios tienen claro que el régimen de fronteras es competencia plenamente estatal. El decreto autonómico se aferra a un subterfugio, al amparo del Reglamento comunitario sobre el Código de Fronteras Schengen, por el que el régimen de fronteras comprende el control del “cumplimiento” de los requisitos de acceso al territorio pero no el “establecimiento” de esos requisitos. En lo relacionado con la entrada y salida de las distintas regiones durante el estado de alarma, son precisamente las fronteras la única competencia que el Estado no delegó a los presidentes territoriales, con lo que si el “establecimiento” de los requisitos de acceso no queda dentro del régimen de fronteras, de facto es competencia delegada. Al menos según la interpretación de los juristas del Gobierno de Torres. Sin embargo, los médicos de Sanidad Exterior no comparten esa interpretación y tienen claro que no vale retorcer la legislación hasta que encaje con lo que se pretende: “Ese decreto no sirve, no tiene efectos en tanto el Ministerio de Sanidad no nos comunique lo contrario”. Y, de momento —cuando menos hasta el cierre de esta edición—, los funcionarios no habían recibido la orden de permitir los test de antígenos a los turistas que lleguen al Archipiélago, adelantó Mar Faraco en los micrófonos de Cope Canarias y confirmó luego a este diario.

Los funcionarios no comparten la atribución de competencias del Gobierno regional

Consciente de que será muy difícil autorizar los test de antígenos en las Islas sin el sí del Ministerio, Torres insistió en que están trabajando con el Departamento estatal para “armonizar” las posturas. “Diferencias de carácter científico”, ahondó el presidente del Ejecutivo isleño, que no obstan para que la Comunidad Autónoma decidiese motu proprio validar los antígenos en virtud de su “ámbito competencial”. El también secretario general del PSOE canario calificó el decreto regional de “pionero”, pero lo cierto es que no tendrá efecto alguno sin la complicidad del Gabinete de su correligionario Pedro Sánchez. “La Sanidad Exterior es competencia del Estado, y nosotros tenemos instrucciones directas y para toda España del Ministerio de Sanidad, igual para Canarias que para Murcia o Cataluña, y la instrucción es entrar con PCR”, repitió Faraco.

Eso sí, las tesis en favor de los test de antígenos continúan ganando apoyos. Lo cierto es que lo tienen del mismo Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que incluso va un paso más allá de los argumentos del Gobierno de Canarias y duda de la conveniencia de hacer test masivos a quienes se desplacen entre Estados miembros. Y tienen también el apoyo del Colegio de Farmacéuticos, que cree que los test rápidos de antígenos representan “el equilibrio entre lo sanitario y lo económico”.

En cualquier caso, en Madrid no opinan lo mismo. El portavoz del Ministerio de Sanidad en lo relacionado con la pandemia, Fernando Simón, explicó que los test de antígenos no están recomendados para “cribados masivos” en poblaciones con baja probabilidad de infección, una población en cuya definición caben los turistas, para cuyo cribado tampoco estarían, por tanto, recomendados. Además, Simón apuntó que en caso de no hacerse correctamente, producen muchos falsos negativos, por lo que pidió “tener cuidado con el uso de los test de antígenos en viajeros”, un aviso que choca con el parecer de la Comunidad Autónoma y que no augura un próximo acuerdo.