El endurecimiento de las exigencias de la Seguridad Social para cobrar una pensión ha provocado que aumente el número de trabajadores canarios que se jubilan de forma anticipada para intentar escapar de estas condiciones. Hasta un 11% han aumentado las solicitudes de adelanto de la jubilación hasta el tercer trimestre de este año en Canarias. De los 630 trabajadores que adelantaron el retiro en el Archipiélago entre enero y septiembre de 2019, este año, en ese periodo, lo han hecho 698.

A nivel provincial es en Las Palmas donde se contabilizan más prejubilaciones, con 473 frente a casi la mitad de Santa Cruz de Tenerife, que ha registrado 225, lo que supone que dos de cada tres casos se han tramitado en las islas orientales. A su vez, en Las Palmas es donde se detecta el mayor crecimiento de los adelantos de la pensión, ya que pasa de las 298 efectuados el pasado año a los 473 de 2020; mientras que en Santa Cruz de Tenerife ocurre lo contrario, pues desciende de los 332 casos del pasado ejercicio a los 225 que se han tramitado este año.

La tendencia, según señalan en despachos de abogados laboralistas de Las Palmas, y desde los sindicatos CCOO y UGT, no es nueva, pues se inició en 2013 y va al compás de los nuevos requisitos que marca la Seguridad Social. Ahora se obliga a trabajar más años y se cobra menos. Sin embargo, ambas fuentes coinciden en que la crisis del Covid probablemente dispare aún más esta práctica, sobre todo entre los parados mayores de larga duración que ya no tienen esperanza de encontrar otra ocupación. En el Archipiélago hay unos 187.526 pensionistas inscritos en el régimen general, de los que 97.208 residen en la provincia de Las Palmas y 90.318 en la de Santa Cruz de Tenerife.

"La gente se asusta con los cambios en los cálculos que va a aplicar el Gobierno en 2021 para percibir la pensión, y con la incertidumbre que ha creado la crisis económica derivada del coronavirus, muchos trabajadores y parados de más de 52 años optan por tramitar la jubilación", explica Hortensia Rodríguez, responsable de Seguridad Social de CCOO. Es el efecto contrario al que pretende el Gobierno, que con las nuevas exigencias busca frenar la entrada al sistema de un mayor número de pensionistas. Y es que cada año se incorporan más jubilados, mientras que el número de cotizantes no crece lo suficiente.

Aclara la dirigente de CCOO que los cambios de la Seguridad Social “no son una medida de última hora”, sino que responden a una hoja de ruta porque “las leyes se aplican de forma progresiva”. En ese sentido, explica que Ley 27/2011 introdujo importantes modificaciones en la edad ordinaria de jubilación, el cálculo de la base reguladora de la pensión y la jubilación anticipada. Esta reforma de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013, estableció además normas transitorias hasta su plena aplicación en 2027.

Quienes se van a jubilar este año deben haber cumplido los 65 años y 10 meses, pero ya si lo hacen en 2021 tendrán que haber cumplido los 66 años, y así hasta llegar a los 67 dentro de seis años. Desde 2019 el tope de edad se ha ido elevando dos meses por año.

Pero no basta con tener esa edad para cobrar la totalidad de la pensión, pues también se eleva el periodo de cotización. En 2020 se piden 37 años, en 2021 serán 37 años y 3 meses más; de tal forma, que con un aumento de tres meses por año, en 2027 serán 38 años y 6 meses el tiempo cotizado para evitar las penalizaciones que se aplican por no tener la edad o por no alcanza el mínimo de años en activo que se ha fijado.

Para el abogado laboralista José Ramón Pérez, desde la reforma laboral se empezó a detectar la tendencia a adelantar la jubilación. Los motivos dice que son sencillos de entender. “La voluntad de poner fin a la vida laboral está relacionada con que los trabajadores han asumido que cada año la Seguridad Social les prolonga la edad para retirarse y les pone nuevas condiciones de cotización. Ante todo esto prefieren no esperar", explica. Se trata de una tendencia que propicia el sistema, destaca, pero incide el abogado en que el endurecimiento de las condiciones de trabajo, y ahora la destrucción de empleo por la crisis del coronavirus hacen que en la balanza pese más tener asegurada la pensión. "Se ha cambiado la cultura de que cuantos más años se está trabajando mejor pensión, porque las condiciones laborales son más duras, y los salarios más bajos", remarca.

Por su parte, el responsable de UGT de Seguridad Social, Gustavo Martín, advierte que los perceptores del subsidio de mayores de 52 años lo pueden tener muy complicado para acceder a la jubilación anticipada si se suprimen los beneficios actuales en el cálculo de los años de cotización, puesto que la norma en vigor les reconoce que ese derecho se prorrogó sólo hasta 2020.

Esta cuestión, según Hortensia Rodríguez, de CCOO, ha provocado que muchos de esos trabajadores en paro anticipen el retiro. “Si el Gobierno no prorroga esa norma, serán muchos los trabajadores expulsados del mercado laboral que tendrán que vivir más tiempo con los 436 euros del subsidio de desempleo, y eso si no les retiran esa ayuda, ya que lo van a tener muy difícil para disponer de la jubilación anticipada digna” , denuncia la dirigente de CCOO.