El pistoletazo de salida al nuevo curso político europeo, con presidencia rotatoria alemana de fondo, tendrá lugar el miércoles, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente sus prioridades durante el tradicional debate sobre el estado de la Unión ante la Eurocámara. Una cita que llega marcada por deberes pendientes: gestionar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, llevar a buen puerto el ambicioso plan de recuperación económica, lograr un acuerdo posbrexit con el Reino Unido, promover la prometida transición verde y digital, impulsar la aparcada reforma de la política de asilo e inmigración y reforzar el papel de la UE en la escena internacional.

Pandemia de Covid-19. Impedir que los 27 decidan a la carta, Uno de los problemas que han complicado la respuesta a la crisis sanitaria es la falta de competencias europeas en sanidad y gestión de fronteras. Todas las decisiones pasan por las 27 capitales y de ahí la lentitud, descoordinación y unilateralidad como, por ejemplo, la decisión de Hungría de cerrar las fronteras a todos los extranjeros desde el 1 de septiembre sin informar al resto de socios europeos. El reto para las instituciones de la UE será evitar que los 27 sigan tomando decisiones a la carta y evitar que el caos se adueñe de nuevo del espacio de libre circulación de Schengen.

Bruselas, además, negocia en nombre de los 27 la compra de vacunas para todos los Estados miembros y ya tiene acuerdos o preacuerdos con seis empresas que desarrollan vacunas 'prometedoras' como AstraZeneca -en la última semana se ha paralizado tras detectarse un síntoma secundario en uno de los voluntarios, echando por tierra las esperanzas de la UE que había apalabrado 30 millones de dosis para finales de año-, Sanofi&GSK, Johnson&Johnson, Curevac y Moderna.

"Hay que tener en cuenta que esta no es la última pandemia a la que nos enfrentamos. Necesitamos poner en marcha algunas políticas y reglas para estar mejor preparados ante futuras pandemias", apunta el director de estudios del European Policy Centre, Janis Emmanouilidis.

Desplome económico. La gestión del fondo de 750.000 millones. Las estrictas medidas de confinamiento adoptadas tras la irrupción de el Covid-19 están provocando un desplome económico brutal y un reguero de ERTE y despidos, especialmente en países del sur como España o Italia. Para responder a la incierta situación económica, y tras un maratón negociador, los líderes europeos aprobaron a finales de julio un nuevo marco presupuesto para el período 2021-2027 de algo más de un billón de euros y un nuevo fondo de recuperación que, por primera vez, permitirá al Ejecutivo comunitario salir al mercado y endeudarse para construir una red de seguridad de 750.000 millones.

Antes de que el dinero pueda fluir a las capitales, el Parlamento Europeo y parlamentos nacionales tendrán que validar el presupuesto y la capacidad de Bruselas de endeudarse. Dos asignaturas que exigen una difícil negociación en la Eurocámara y que los Estados miembros presenten planes nacionales para el 15 de octubre. "Hay un brecha significativa entre el Parlamento y la posición del Consejo. El Parlamento espera mejoras tangibles en el paquete no solo declaraciones para que nos traguemos la amarga píldora", advirtió hace unos días el presidente de la comisión de presupuestos, Johan van Overveldt, que aspira a llegar a un acuerdo en octubre como fecha límite.

"El Covid-19 ha hecho más necesaria que nunca una comisión geopolítica. Al mismo tiempo existe el riesgo de que la crisis económica y las divisiones internas hagan que los Estados miembros miren hacia adentro pero si descuidan los desafíos internacionales a los que se enfrenta Europa solo acumularán mayores problemas para el futuro", augura el investigador del Centre for European Reform, Luigi Scazzieri. "La UE está saliendo tras haberse hundido pero todavía se enfrenta a un futuro sombrío e incierto", vaticina el presidente del think tank Friends of Europe, Gillet Merrit.

Estado de Derecho. Polonia y Hungría, en la diana. Uno de los asuntos espinosos en la negociación del nuevo presupuesto es la vinculación de los fondos al respeto del Estado de derecho. La cumbre de líderes europeos concluyó en julio con una vaga referencia para no molestar a Polonia y Hungría en aras de alcanzar un pacto presupuestario. El Gobierno de Viktor Orban no tiene intención de ceder en este terreno y hasta que no haya una propuesta de la Comisión Europea del nuevo mecanismo sobre el Estado de derecho ha dado indicaciones de que su Parlamento no ratificará el nuevo techo presupuestario. Según la agenda de trabajo, Bruselas presentará el nuevo mecanismo durante este tercer trimestre del año.

Pacto migratorio. Distribución justa de los inmigrantes. La crisis migratoria de 2015 puso de manifiesto la profunda debilidad de la legislación europea en materia de asilo. A raíz de la llegada de miles de refugiados huyendo de la guerra en Siria, la Comisión Europea se vio obligada a mo ver ficha para reformar el llamado reglamento de Dublín, la piedra angular del sistema que obliga a solicitar asilo en el primer país de entrada y que pone toda la carga sobre unos pocos países como Grecia o Italia, principal puerta de entrada de los inmigrantes que siguen la ruta del Mediterráneo oriental y central para llegar al continente europeo.

Sin embargo, el plan de cuotas diseñado por Bruselas para redistribuir a los refugiados se estrelló con la negativa y la insolidaridad de muchos países a arrimar el hombro -especialmente los países de Visegrado: Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia- y desde entonces el plan ha permanecido bloqueado. Si no hay nuevos aplazamientos, la solución de Bruselas para redistribuir de forma justa a los solicitantes de asilo llegará a finales de septiembre tras varios aplazamientos este año.

Se trata de un dosier muy sensible para algunos países que augura una batalla política entre los Estados miembros. "Es un asunto difícil", admitía el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que apuesta por aumentar los acuerdos de repatriación con países terceros, blindar las fronteras y reforzar el control.

Tránsito verde. Reducción de emisiones. La transición verde y digital constituye dos de los grandes campos de trabajo de la Comisión en este mandato que marcarán el curso político. Tras la propuesta de reglamento para lograr la neutralidad climática en 2050 que el Parlamento Europeo tiene previsto votar en octubre, el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans anunció que presentará en septiembre nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2030, junto a un análisis de costes sobre los beneficios de aumentar la reducción del 40% actual hasta el 50 o 55% respecto al nivel de 1990, pese a las dudas de los países de Europa del este.

Será la primera de una batería de propuestas destinadas a impulsar la renovación de edificios y el aislamiento de los mismos, las energías renovables offshore y nuevas estrategias sobre combustibles en aviación y sector marítimo.

La agenda europea también contempla este otoño culminar la negociación de la reforma de la política agrícola común.

En materia digital, Bruselas planea regular, antes de que termine el año, plataformas como Google y Amazon y presentar propuestas para reforzar el mercado único digital.