Hacienda quiere empezar a acometer antes final de año la reforma del sistema de financiación autonómica. La ministra María Jesús Montero se comprometió ayer a que en noviembre estará ya disponible "un primer esqueleto", con el objetivo de que sea aprobada en la actual legislatura y que dé respuesta a las necesidades reales de las comunidades para afrontar el coste de los servicios de educación, sanidad y dependencia. En paralelo se trabajará en un nuevo método de cálculo de la regla de gasto para facilitar la inversión del superávit que acumulan las administraciones públicas. Sólo enCanarias -gobierno, cabildos, ayuntamientos- alcanzan los 5.185 millones al cierre tercer trimestre de 2019.
La reforma del sistema de financiación es una reclamación permanente de las Comunidades Autónomas. La actual fórmula es de 2009 y la actualización debió aprobarse en 2014, pero la crisis económica y la falta de acuerdo político ha impedido hasta ahora abordar la cuestión. Montero va a iniciar en breve contactos con los grupos parlamentarios para buscar "el mayor consenso" y que continuará la negociación en el Consejo de Política Fiscal con las regiones, pero avisa que quiere discutir sobre dos cuestiones: introducir una armonización de los impuestos cedidos a las comunidades y la apuesta por tratar de calcular el coste efectivo de los servicios fundamentales que prestan las autonomías para ver cuánto cuestan.
