11 de enero de 2020
11.01.2020

Fuerteventura, primera en 'liberar' viviendas vacías

La Corporación majorera pone en marcha un consorcio para poner en circulación 1.700 casas v Santa Cruz, Santiago del Teide y Adeje ya han ofrecido suelo al Cabildo

10.01.2020 | 23:27

Fuerteventura será la primera isla que tome la iniciativa para poner en circulación las 1.700 viviendas vacías que tiene la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en tierras majoreras. El Cabildo llevará la creación de un Consorcio de Vivienda Vacía al Consejo de Gobierno que celebrará el próximo día 20, tal y como anunció su presidente, Blas Acosta, antes de la reunión que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno autonómico, Sebastián Franquis, celebró ayer con representantes de los siete cabildos, a quienes solicitó "suelo e inversión" para construir más casas de titularidad pública.

Al crear este órgano, la corporación majorera se hará con competencias en materia urbanística y municipal, por lo que podrá coordinar con los consistorios tanto la cesión de suelo como el 'rescate' de las casas vacías para destinarlas a alquileres asequibles. La mayor parte de éstas se encuentran en Puerto del Rosario, que junto con Pájara y La Oliva -que ya cedió terreno para viviendas de protección oficial (VPO) en la legislatura anterior- son los municipios que disponen de suelo. Sin embargo, los dos últimos tendrán que lidiar con un importante obstáculo ya que carecen de planeamiento. "Pájara lo tiene anulado desde 2003 y 17 años después sigue igual, mientras que La Oliva sólo tiene normas subsidiarias, carece de Plan General", explicó Acosta.

El Gobierno canario recurrió recientemente al conocido como banco malo, al que adquirió 12 casas, precisamente 11 de ellas en Puerto del Rosario y una en La Laguna, para destinarlas a alquiler social. En el caso de Fuerteventura, Acosta apuesta por la otra fórmula que también emplea el Ejecutivo regional, la de dar un uso a estas viviendas vacías sin necesidad de comprarlas, sino con la finalidad de arrendarlas a las familias con rentas más bajas, para lo que será necesario realizar un censo de demandantes.

Es justamente la falta de datos actualizados la que ha llevado al Cabildo grancanario a crear el Observatorio de la Vivienda en colaboración con la ULPGC "para realizar un diagnóstico real que nos permita saber qué medidas debemos tomar", explicó la consejera del área, Conchi Monzón. La última información disponible se remonta al estudio del Instituto Canario de Estadística realizado en 2011, que cifraba en 138.262 las casas vacías en las Islas y 13.400 los demandantes de viviendas públicas, de los que unos 7.000 pertenecerían a Gran Canaria.

Hace ya dos décadas que en Lanzarote, la tercera isla más poblada del Archipiélago, no se construyen viviendas de protección oficial. En agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Arrecife desbloqueó la cesión de suelo para edificar 400 viviendas sociales en el barrio de Maneje, un proyecto que llevaba desde 2018 paralizado porque el anterior grupo de gobierno no había puesto a disposición del Ejecutivo autonómico el terreno municipal.

En cuanto a las islas occidentales, los municipios tinerfeños que ya han comunicado al Cabildo que disponen de suelo son Santa Cruz, Santiago del Teide y Adeje. En el caso de La Palma, han ofrecido solares ayuntamientos como Santa Cruz, Los Llanos y Punta Llana. Aunque las islas menos pobladas no experimentan tanta demanda habitacional, también han comenzado a abordar el problema. Todos los municipios de La Gomera tienen reservadas zonas para VPO en sus planeamientos y Vallehermoso y San Sebastián de La Gomera ya cuentan con viviendas públicas, mientras que en Alajeró están pendientes de adjudicarse a las familias. En El Hierro, actualmente se construyen 24 casas sociales en Valverde que tendrían que finalizarse en septiembre de este año.

Franquis también abordó con los siete cabildos la actual situación de las carreteras de Canarias. El consejero de Obras Públicas anunció que se celebrarán reuniones bilaterales con cada una de las corporaciones para planificar cómo se distribuyen los 500 millones recibidos por Fomento que no se habían transferido todavía del convenio de carreteras anterior. La prioridad se centrará en las vías que ya están en marcha para que esta partida se logre ejecutar. "Queremos ver cuáles son las obras que no se pudieron completar para finalizarlas y que ese dinero se invierta en actuaciones que se puedan hacer realidad", insistió el consejero. Actualmente, existen 69 actuaciones en el convenio con una financiación de 1.200 millones de euros, pero Franquis reconoció que "el volumen de ejecución plantea dificultades para que todas lleguen a concluirse". A. R. P. E

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