Escaso, fragmentado y codiciado. Estos tres calificativos definen a la perfección el suelo agrario de Canarias y contribuyen a explicar los elevados precios que presenta este recurso esencial para los agricultores y ganaderos de la región. La hectárea de terreno en las Islas cuesta 87.779 euros, una cifra que multiplica por 8,5 la media nacional y que supone, con una gran diferencia, la más alta de todo el país, según la Encuesta de Precios de la Tierra del año 2018, publicada recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los altos costes de las parcelas representan uno de los principales obstáculos a la hora de que los jóvenes se incorporen a las actividades del sector primario y se produzca la tan ansiada renovación generacional, según advierten las organizaciones agrarias.
La magnitud de la brecha que separa a Canarias del resto de las comunidades autónomas en este aspecto se pone de manifiesto en otros datos, al margen de la considerable distancia con la media del país. El suelo agrario en el Archipiélago es casi 70.000 euros más caro que en la segunda comunidad autónoma con costes más elevados, Andalucía, que registra una media de 20.456 euros por hectárea, y que en la tercera, Baleares, donde el coste de esa medida de terreno es de 19.976 euros. Además, en relación al año anterior, el precio se ha incrementado un 2% en el Archipiélago (1.707 euros por hectárea, en términos absolutos), también por encima del conjunto de España, que experimenta un alza del 1,3% (126 euros).
Los principales afectados por esta situación son los jóvenes. "Su principal hándicap es el acceso a la tierra", advierten desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias). Coincide la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga-Canarias), que constata que la incorporación de los jóvenes al sector primario se topa con "muchísimos problemas" por esta razón, sobre todo cuando se trata de personas "poco conocidas" y sin vinculación familiar con la agricultura o la ganadería, puntualiza el secretario general de la organización, Javier Gutiérrez. "Los propietarios tienen muchas reticencias a la hora de arrendar. Ocurre igual que con los bancos cuando se les pide crédito", agrega. Además, muchos de ellos no tienen necesidad económica de hacerlo, lo que restringe aún más la disponibilidad de suelo agrario.
Facilitar el acceso al crédito -con bonificaciones o a tipo de interés cero- es, precisamente, una de las tareas que hay que acometer para mitigar estas trabas, indican desde COAG-Canarias. También es aconsejable dar un impulso a los "bancos de tierras", con los que activar algunas de las muchas parcelas abandonadas que existen en las Islas. En algunas zonas, caso del norte de Tenerife, se han puesto en práctica estas experiencias, en las que la organización cree que las administraciones deben desempeñar un papel clave, favoreciendo que los nuevos agricultores puedan ocupar terrenos en desuso durante los primeros años de su actividad, en una suerte de traslación al sector agrario de los viveros de empresas.
Un esfuerzo extra
Aunque las causas son claras y de sobra conocidas, las administraciones públicas todavía no han logrado encontrar medidas que solucionen el problema, de modo que han tenido que ser los agricultores y ganaderos los que afronten la situación haciendo de la necesidad virtud. "Hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional", recuerda COAG. Ese empeño extra se ha traducido en que el rendimiento que los profesionales del campo en las Islas obtienen de cada hectárea de terreno supera la media nacional.
Para alcanzar este logro, se han visto obligados a optar por cultivos más rentables e intensivos en insumos, caso de determinados frutales con mayores rendimientos y de las hortalizas, y menos por los de carácter extensivo, ya de por sí poco apropiados para las características de las Islas. La tarea desarrollada ha permitido también extremar la eficiencia en el uso del agua agrícola, que en Canarias no solo es la más cara de España, sino también de la Unión Europea. "Somos capaces de competir con regiones en las que el coste del agua es cero y el suelo es muy barato o no cuesta prácticamente nada", destaca COAG.
En la explicación de los elevados precios de la tierra agraria en Canarias confluyen factores relacionados con la oferta y otros que tienen que ver con la demanda. Más del 50% de la superficie del Archipiélago está bajo diferentes figuras de protección territorial y paisajística, lo que repercute en una escasez de terrenos disponibles para la agricultura y la ganadería. Además, el que hay suele ser bastante discontinuo y abrupto, producto de la compleja orografía, y el suelo llano que puede encontrarse se sitúa cerca de la costa, en abierta competencia con los usos residencial y turístico. Se produce también un conflicto entre el uso actual y el que podría darse en el futuro: el precio se incrementa ante la expectativa de que los terrenos cambien de calificación urbanística y puedan acoger edificaciones de vivienda o establecimientos alojativos. "Cuando lo adquieres, pagas ese sobrecoste", apuntan desde COAG.
Asaga comparte esos argumentos -presión demográfica, territorio reducido y competencia con las actividades constructivas- y añade otro: la edificación en zonas rurales, destinada en muchas ocasiones a segundas residencias. Según su secretario general, "hay asentamientos rurales que en realidad deberían ser suelo rústico de protección agraria". En estos casos, "no ha habido un gran control por parte de la administración", lamenta Gutiérrez. Se trata de los ya clásicos "cuartos de aperos" que luego terminan alcanzando dimensiones de vivienda. En este sentido, Asaga reclama que se intensifiquen los controles y la vigilancia.
