Las islas más dependientes del mercado alemán se preparan para encajar un nuevo golpe, el incremento de las tasas aéreas decidido por Alemania para luchar contra las emisiones de dióxido de carbono. Son Gran Canaria y Fuerteventura, pero en esta batalla van a contar con el apoyo del resto. La consejera autonómica de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, ha sentado a una misma mesa a todas las patronales del sector alojativo del Archipiélago para establecer un frente común ante la Unión Europea (UE).
El espíritu del incremento de las tasas aéreas que el Bundestag comenzó a debatir la pasada primavera y aprobó en octubre es el de apoyar el objetivo que se ha marcado la canciller Angel Merkel de llegar a 2030 con una reducción de las emisiones de CO2 del 55% con respecto a las que existían en 1990; muy por encima del 30% fijado por el Consejo de Europa. El incremento de las tasas para volar será efectivo en abril. Su precio actual es de 5,65 euros y se elevará hasta los 13,03 euros en las distancias de hasta 2.500 kilómetros. Canarias no está por tanto en ese rango, ya que la distancia que la supera del país germano es mucho mayor. Entra por tanto en el siguiente tramo, hasta los 6.000 kilómetros, en el que cada billete llevará aparejada una tasa de 33,01 euros.
La medida restará competitividad a los hoteleros canarios, porque las compañías aéreas trasladarán esta subida a los precios. Será más caro volar al Archipiélago. Los empresarios turísticos canarios entienden cuanta apuesta por el medio ambiente se haga. De hecho, son conocedores de que un destino degradado juega en su contra. Tambien el Gobierno de Ángel Víctor Torres, que ha cogido, entre otras, la bandera de la sostenibilidad desde que tomó posesión.
"Garantizar la conectividad y la lucha contra el cambio climático no deben ser políticas excluyentes, y más en el caso de Canarias", sostiene Yaiza Castilla, que demanda acciones ajustadas a un lugar al que es imposible llegar si no es por el aire.
La oferta que va a poner sobre la mesa del Gobierno de España para que este la traslade a la UE pasa por acometer acciones específicas y transversales, tanto desde el ámbito público como privado, en favor de la sostenibilidad. A cambio, pedirá la exención o reducción del impuesto.
