La Fiscalía ha abierto una nueva investigación para determinar si hubo irregularidades en el fraccionamiento de los contratos de los escenarios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de la edición 2020, cuando el concejal de Fiestas era el socialista Andrés Martín Casanova y la alcaldesa, la también socialista Patricia Hernández. El ministerio público de la Audiencia Provincial abre estas nuevas diligencias, tal y como adelantó ayer Radio Club Tenerife, después de analizar un informe interno que le remitió el Ayuntamiento chicharrero sobre las prácticas de Casanova.
El informe municipal es un expediente de información reservada encargado por el alcalde que sucedió a Patricia Hernández tras la moción de censura de julio de 2020, el nacionalista José Manuel Bermúdez. El análisis concluye que el edil Andrés Martín Casanova fraccionó el objeto de un contrato de los escenarios y estructuras del Carnaval 2020 en múltiples contratos menores, lo que provocó «un vicio de nulidad de pleno derecho» al tratarse de contratos realizados sin el procedimiento legalmente establecido. Así lo subraya el instructor del expediente en la primera de las seis conclusiones que cuestionan la labor del anterior responsable de la organización del Carnaval capitalino.
En diciembre de 2020, la Fiscalía ya abrió diligencias sobre el mismo caso. Esa vez fue a denuncia del empresario vinculado al mundo del espectáculo y que durante más de 30 años fue asesor técnico del Organismo Autónomo de Fiestas, Luciano Delgado. Sin embargo, esas investigaciones fueron archivadas al no hallar el ministerio público indicios de delito, informó ayer la emisora tinerfeña de la Cadena SER. José Manuel Bermúdez ordenó entonces un expediente de información reservada, que fue concluido el pasado mes de marzo y cuyos resultados se conocieron en abril. El gobierno chicharrero elevó esas conclusiones a la Fiscalía el 31 de marzo, que han sido las que han motivado esta nueva investigación judicial.
El informe encargado por el alcalde de CC concluye que el concejal socialista partió un gran contrato en 13 menores que carecen de los preceptivos informes jurídicos. El importe total de estas contrataciones fue de 177.287 euros de los 1,3 millones que gestionó Martín Casanova para garantizar la instalación de las estructuras en las que se celebraron las actuaciones tanto de los concursos como de las actuaciones en la calle. «La ausencia de informe jurídico en los 13 expedientes constituye una vulneración de un trámite que la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Contratación califica de preceptivo. Eso, sin duda, supone un vicio determinante de anulabilidad, de acuerdo con la normativa al infringirse lo dispuesto en la misma», detalló el instructor.
El oficial mayor del Consistorio santacrucero que instruyó el expediente de información reservada propuso que «es necesario, de acuerdo con la normativa, que por parte de la Corporación se lleve a cabo una revisión de oficio de los actos preparatorios o de adjudicación de los referidos contratos». Entre los 13 pequeños contratos con los que se fraccionó la construcción de los escenarios de las fiestas chicharreras figuran el de arrendamiento, montaje, mantenimiento y desmontaje de la infraestructura para el acto inaugural, el alquiler de la grada y el escenario de este mismo acto, el alquiler de la torre para los medios de comunicación en el Recinto Ferial o la contratación de las estructuras para instalar el escenario de la plaza de la Candelaria. También están los contratos para las infraestructuras del Hospital de Campaña, las gradas del Concurso de Ritmo y Armonía, las estructuras de la Plaza del Príncipe, las pasarelas de evacuación y estructuras de la avenida de Anaga, las vallas en todos los recintos carnavaleros, las torres de control, el cerramiento del cuadrilátero y las estructuras de la cabalgata anunciadora. Todos los contratos fueron adjudicados de forma directa por cantidades inferiores a los 15.000 euros.
La legislación vigente permite los contratos menores en las administraciones locales cuando su valor es inferior a 15.000 euros en el caso de suministros y servicios, como es el caso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020, o inferiores a 40.000 euros en el caso de las obras. Son acuerdos que se pueden encargar a empresas de forma directa, sin necesidad de un concurso. La ley, sin embargo, ha intentado poner coto al troceado de contratos grandes para pasarlos por menores y así adjudicarlos de forma directa. La última reforma fija que una vez se ha llegado al umbral (de 15.000 o 40.000, sin contar el IGIC) no se podrá volver a contratar a la misma empresa.
