El pasado jueves se conocía que España será, junto a Canadá y Estados Unidos, uno de los países que acogerá a algunos de los migrantes latinoamericanos que tratan de llegar hasta EEUU, después de que deje de estar en vigor la norma que permite las devoluciones en caliente de esas personas en tránsito hacia dicha potencia mundial. Esta medida se aplicará a aquellos casos que sean gestionados por la vía legal a través de centros de tramitación. La respuesta de la consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, ha sido: «Ojalá se hubiera sido igual de generoso con la migración que llega al Archipiélago, en donde hemos vivido momentos muy críticos de crisis migratoria y humanitaria».
Relacionadas
Explica Santana que «nosotras hemos tenido que alzar la voz y pelear bien duro para que fueran conscientes de la corresponsabilidad que necesitábamos del Estado para gestionar la situación».
Aclara que, «todo lo que sea acoger a personas refugiadas, creemos que no le puede parecer mal a nadie; nos parece, en principio, una buena noticia y creemos que es una muestra de solidaridad de España». Según la consejera de Derechos Sociales de Canarias, «Estados Unidos está haciendo que las vías legales de migración sean más accesibles desde el sur y Centroamérica, como una alternativa para evitar que las personas tomen caminos que son, en ocasiones, peligrosos, como ha ocurrido con la Ruta Canaria desde África».
Marcela Máspero, de la asociación Solidaridad Venezuela, dedicada a apoyar a personas llegadas de dicho país, califica de «desfachatez» y «de un gran cinismo» del Gobierno estatal el anuncio. A Máspero le choca la noticia, sobre todo al ver las dificultades que tienen muchos ciudadanos venezolanos y de otros países de Latinoamérica para regularizar su situación en España.
Comenta que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se concentra el porcentaje más importante de «voto latino» de toda España, cifrado en más del 10 por ciento. Máspero comenta que «estamos invisibilizados y fuera del contrato social». Colombianos, cubanos y, fundamentalmente, venezolanos solicitan en las oficinas de Extranjería el asilo o la protección internacional. Muchos de ellos tienen que esperar entre ocho y doce meses para obtener el permiso de trabajo. Aclara Máspero que la petición de asilo o protección internacional deriva en un permiso extraordinario de residencia por motivos humanitarios.
Solidaridad Venezuela cree que España acepta la propuesta por motivos económicos
Según la portavoz de Solidaridad Venezuela, en los seis meses que transcurren hasta que realizan la manifestación de voluntad, «no tenemos derecho a la Sanidad, ni a la formación profesional, ni a los beneficios en los precios del transporte, por ejemplo».
En su opinión, la aceptación por parte del Gobierno estatal de la propuesta de Estados Unidos puede llevar implícita la promesa de grandes cantidades de dinero para España. Desde ese punto de vista, aclara la representante de Solidaridad Venezuela que «parece que no están hablando de personas, sino exclusivamente de dinero». Ayer se supo que el Gobierno estadounidense «correrá con todos los gastos de los centros regionales desde los que en un futuro se procesará a migrantes y refugiados de América Latina para su posible reasentamiento en España», según dijo ayer el Departamento de Estado de EEUU.
Para Máspero, en estos momentos en España se registra «una situación hostil hacia los migrantes latinos». Y recuerda que «nosotros fuimos países de acogida de los migrantes europeos, sobre todo de los españoles, que llegaron con deberes y derechos, que ahora aquí se nos niegan». Opina que las actuales trabas burocráticas favorecen que crezca «la economía sumergida, que le hace daño al migrante, por la ausencia de derechos y de deberes, a la hora de pagar impuestos o la Seguridad Social».
España lanza con Estados Unidos y Canadá un plan para acoger inmigrantes latinoamericanos de forma regular
David Toledo, secretario de Organización de CC, afirma que el Gobierno del Estado «sigue sin tener una política migratoria global para la acogida de inmigrantes y la distribución solidaria entre territorios; y en Canarias lo sabemos a ciencia cierta». En los últimos tres años, la Consejería de Derechos Sociales ha denunciado la falta de ayuda de otras comunidades autónomas para recibir a menores no acompañados que llegan al Archipiélago en pateras o cayucos desde África. Ha llegado a haber más de 2.600 adolescentes en recursos de la administración regional. Algunos permanecían en los mismos a la espera de las pruebas para determinar su edad real, pues existen casos en que, aunque dicen ser menores, tienen más de 18 años.
Toledo indica que el acuerdo de EEUU con España no contempla a los menores no acompañados, «que son la piedra angular de este problema» en las islas. Recuerda el político de CC que la tutela de estos migrantes no acompañados corresponde a las comunidades autónomas, «pero el Gobierno del Estado ha sido incapaz de articular y consensuar mecanismos de distribución, pese a las innumerables promesas que ha hecho y de las que nosotros en Canarias, repetimos, hemos sido testigos en primera persona». «Los inmigrantes en un país con una tasa de natalidad tan baja son fundamentales para mantener el estado del bienestar, pero en todo este proceso Canarias se haya sentido sola y abandonada por el Estado español», señala.