Censura, retenciones de más de 72 horas, espacio insuficiente, denegación de asilo a refugiados de guerra, limitación de los movimientos a los migrantes. Las irregularidades cometidas en el muelle de Arguineguín por parte de los ministerios de Migraciones e Interior llegan a la Casa Blanca.
El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos recoge las quejas de Reporteros Sin Fronteras (RFS) y de la ONG Rights International por las restricciones que el Gobierno español puso a los periodistas para informar sobre la llegada de migrantes a Canarias y reprocha el trato ofrecido a las personas recién llegadas a las costas isleñas durante los últimos meses de 2020, cuando llegaron a hacinarse más de 2.700 migrantes en los apenas 3.000 metros cuadrados de las carpas instaladas en el puerto del sur de Gran Canaria. Actualmente solo quedan en el Archipiélago unos 800 migrantes en los centros integrados en el Plan Canarias, además de los 2.800 menores no acompañados que permanecen bajo la tutela del Gobierno regional.
El fotoperiodista y premio Pulitzer Javier Bauluz fue uno de los profesionales que chocó contra el muro impuesto por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, para poder ejercer su trabajo. «Protestamos ante el intento de cerrarnos los ojos para que los ciudadanos no tuvieran conocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo en el muelle de Arguineguín», lamenta Bauluz, quien subraya que coartando la libertad de información se vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos a ser informados.
EEUU ratifica que se prohibió el traslado a la Península de miles de migrantes
«Trasladábamos continuamente las quejas a la Delegación del Gobierno, pero nos ignoraba, igual que ignoraba la situación lamentable que se vivía en el muelle», señala Quique Curbelo, fotoperiodista de la agencia Efe y autor de una de las fotografías más representativas de la crisis migratoria, en la que se capta el hacinamiento del puerto de Arguineguín al tiempo que dos pateras atestadas de migrantes se aproximan por su propios medios a la costa. Curbelo recuerda que la Policía situaba sus furgonetas en función del atraco de las embarcaciones de Salvamento Marítimo y las utilizaban como parapeto para evitar que pudieran fotografiar lo que ocurría. «Nunca pedimos estar encima de los desembarcos y siempre preguntábamos dónde podíamos ubicarnos, pero en muchas ocasiones nos colocaban tan lejos que era imposible trabajar», lamenta Curbelo, quien recuerda que se vivieron «momentos muy tensos» por los enfrentamientos con la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque reconoce que también había agentes que se mostraban colaboradores y comprensivos con la función de la prensa.
El premio Pulitzer Javier Bauluz denuncia que ponían trabas para informar sobre las violaciones a los derechos humanos en el muelle
"Las condiciones en las que vivían los migrantes en Arguineguín eran deplorables, la comida era escasa y las duchas inexistentes", relata Bauluz, autor del libro La ruta canaria, más allá del muelle, en el que documenta la realidad de las personas que arribaron a las Islas durante la crisis migratoria de 2020. "Hay que tener en cuenta que cruzar una frontera sin autorización es una falta administrativa, con lo que quienes han violado más leyes son las administraciones», denuncia el premio Pulitzer, quien afirma haber hablado con decenas de migrantes que pasaron semanas retenidos en esas condiciones, pese a que Interior defendía que ninguna personas estuvo retenida más de 72 horas. Numerosos migrantes permanecieron bajo custodia policial en el muelle durante más tiempo de lo establecido por la ley ante la falta de previsión para habilitar recursos alojativos, aunque la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y los especialistas en migraciones advirtieron al Gobierno de España de que se reactivaría la ruta atlántica. "No es que seamos adivinos, pero la experiencia nos dice que si Marlaska cierra la ruta del mar de Alborán pagando millones de euros a Marruecos, los migrantes optarán por otras vías para salir de África", subraya el fotoperiodista, con 25 años de experiencia cubriendo flujos migratorios.
El informe del Departamento de Estado norteamericano -equivalente al Ministerio de Exteriores- también ratifica que miles de migrantes quedaron atrapados en Canarias al "prohibirles el traslado a centros de la Península". Esta decisión de Interior supuso "meses de sufrimiento e incertidumbre innecesaria para personas sin recursos", relata Bauluz. Según el documento de la Casa Blanca, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó sobre la escasez de personal en los centros de acogida temporal de extranjeros (CATE) para gestionar las solicitudes de asilo durante las 72 horas en las que los migrantes permanecen en el recurso alojativo, por lo que no tenían posibilidad de informarles sobre sus derechos y los mecanismos de protección internacional. En marzo de 2021, personal de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) se trasladó a Canarias para agilizar la tramitación de solicitudes.
Polarización y falta de transparencia
El informe anual sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos recoge las denuncias formuladas contra Vox y Podemos por su actitud de «acoso» hacia los medios de comunicación y destaca la inquietud de los periodistas ante la «creciente polarización y la falta de transparencia» en España. El documento señala que Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación porque la formación de extrema derecha trató de estigmatizar a determinados periodistas y prohibieron a algunos medios cubrir sus actos de campaña para las elecciones regionales de Madrid en mayo de 2021. Además, recoge que varias asociaciones de prensa han denunciado que el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó a los medios de comunicación de ser un «arma del poder corporativo» durante una intervención en el Congreso de los Diputados. También destaca que un vídeo de la campaña electoral de Podemos utilizaba imágenes de periodistas con «fines intimidatorios» y como un «ataque al libre ejercicio del periodismo». | I.D.
