Canarias trasladará la próxima semana al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la necesidad de aplicar algún mecanismo de control de precios sobre los billetes de avión entre el Archipiélago y la Península. Así lo aseguró ayer el consejero Sebastián Franquis durante una de sus intervenciones en el Parlamento regional, en la que aseguró estar muy preocupado por el encarecimiento de los pasajes, sobre todo en fechas próximas a las fiestas navideñas y durante el verano. Una situación que dificulta no solo que los canarios que residen fuera de las Islas puedan retornar para ver a la familia sino que también tiene incidencia en el turismo nacional.
La preocupación por la escalada del precio de los billetes no es nueva en el Archipiélago. La asociación Canarios sin Alas ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones los problemas con los que se encuentran aquellos que han nacido en las Islas pero viven en otras partes del territorio nacional –y por lo tanto no tienen derecho a acogerse al descuento del 75% al no ser residentes– para viajar hasta Canarias, sobre todo en determinadas fechas del año, debido al precio de los pasajes, que consideran abusivo. También el sector turístico ha mostrado en muchas ocasiones su inquietud por cómo afecta el elevado coste de los traslados en avión desde la Península a su actividad, en especial durante los meses de verano, cuando las tarifas llegan a multiplicarse. Viajar a Canarias en las semanas más demandadas de agosto puede llegar a costar a una familia de cuatro miembros más de 1.600 euros.
El alza afecta sobre todo a los canarios que residen fuera de las Islas y al turismo nacional
El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, quiso poner ayer sobre la mesa esta cuestión en el Parlamento regional preguntando al consejero. «Las asociaciones de canarios no residentes sostienen que desde que comenzó a bonificarse el precio del billete, los operadores aéreos han ido incrementado los precios de forma insostenible», aseveró, antes de manifestar que dichas subidas «no han sido transparentes y que el Estado no ha podido controlar ni siquiera los mecanismos existentes en materia de competencia».
Para tratar de evitar que se produzcan abusos por parte de las aerolíneas ya se han puesto en marcha algunas medidas, como la que las obliga a preguntar al comprador de un billete si es residente canario al final del proceso y solo entonces aplicar el descuento, para evitar que encarecieran el coste al conocer de primera mano que se debía aplicar la rebaja.
Pero ahora parece que el Gobierno de Canarias quiere ir más allá y por ello, Franquis avanzó ayer que en la reunión que tendrá la próxima semana con representantes del Ministerio de Transportes solicitará que se apliquen medidas y «fórmulas de control» para evitar estos incrementos que son «muy importantes» en determinadas épocas del año.
El consejero recordó que el Gobierno canario ya impulsó una cumbre de transportes con Baleares, Ceuta y Melilla para arbitrar medidas, pero la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, más la intensa crisis que han sufrido en los últimos años las aerolíneas debido a las restricciones de movilidad, han impedido avanzar en la toma de decisiones.
Una de las reivindicaciones históricas del Ejecutivo autonómico es la aplicación de la Obligación de Servicio Público (OSP) en los vuelos entre Canarias y la Península. Aunque Franquis no aclaró ayer que el Gobierno vaya a reclamar esta medida, hace algo más de un año el consejero sí se mostró partidario de solicitarla. Establecer una OSP permitiría fijar tarifas máximas de referencia para las rutas entre las Islas y el resto del Estado. Una medida que el Gobierno central al menos hace un año no descartaba, tal y como aseguró en la respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, en la que detalló que no estaría en contra siempre que se detectara un «comportamiento anómalo» en el precio de los vuelos. La medida, en cambio, no es del agrado de las aerolíneas que han llegado a advertir que de aplicarse puede reducir la oferta de vuelos hacia el Archipiélago.
