Canarias quiere activar el próximo mes de septiembre la negociación con el Gobierno central para establecer la Obligación de Servicio Público (OSP) en los vuelos entre Canarias y la Península. Se trata de una demanda histórica de las instituciones del Archipiélago, que permitiría establecer tarifas máximas de referencia para las rutas entre las Islas y el resto del Estado. Un mecanismo que ahora ya no descarta el Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha abierto la posibilidad de poder aplicarlo, eso si una vez se recupere el mercado aéreo, y siempre y cuando los precios suban de manera desorbitada.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis, tiene intención de citarse en Madrid tras el verano para retomar este asunto con el Ejecutivo central, después de que la pandemia retrasara las conversaciones que deberían haberse iniciado tras la Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad. Un encuentro, celebrado poco antes de la irrupción del coronavirus, en el que tanto Canarias como el resto de territorios extrapeninsulares, –Baleares, Ceuta y Melilla–, reclamaron precisamente el establecimiento de las OSP en determinadas rutas.
Franquis confía en que a partir del mes de septiembre se vaya normalizando el mercado aéreo y esto permita establecer «un calendario regular» que sirva para tomar medidas frente a la escalada de precios. El consejero reconoce que, hasta hace pocos meses, el establecimiento de las OSP no había sido una opción que hubiera estado sobre la mesa del Gobierno central, desde donde siempre se había remarcado la existencia de limitaciones a nivel europeo para poder aplicarlo en Canarias.
Lo cierto es que Bruselas nunca ha estado a favor de establecer Obligaciones de Servicio Público, –un mecanismo que la Unión Europea ofrece a los estados miembros para limitar la libre competencia en regiones periféricas o en desarrollo–, si existía un mínimo de competencia. Hasta ahora, la falta de líneas aéreas que volasen hasta Canarias no había sido un problema para las Islas, sin embargo, el duro golpe que han recibido las compañías por las restricciones derivadas de la pandemia genera dudas acerca del estado en el que quedará el mercado cuando se recupere la demanda. Por eso, «en las conversaciones que hemos mantenido con el Ministerio los últimos meses sí ha estado abierta esa posibilidad», recalca Franquis.
Una de las condiciones que ha especificado el Estado para poder aplicar esta herramienta europea es el alza de los precios. En este sentido, el consejero resalta que Canarias ya le ha trasladado al Gobierno central que, según los datos que maneja el Observatorio de Precios regional, la evolución de los precios de los billetes de avión entre la Península y el Archipiélago empieza ya a ser preocupante. «Le hemos insistido al Ministerio nuestra preocupación», valora y asume que una vez se normalice la actividad en el sector, «si no se produce un ajuste de los precios, insistiremos al Gobierno para que cumpla su compromiso y afronte esta medida que venimos reclamando de forma histórica en Canarias desde todos los ámbitos».
Descuento de residente
Además, señala que cualquiera que sean las decisiones que se tomen para tratar de contener los precios, todas deben pasar por mantener el descuento del 75% para residentes. De hecho, esta subvención y la declaración de OSP pueden convivir sin ningún problema, ya que la primera compensa a la población que no vive en territorio peninsular una parte de los billetes para viajar, mientras que la segunda serviría para establecer unos precios máximos. «Cualquier medida que se ponga sobre la mesa nunca supondría renunciar a ese logro, que además está integrado en el REF», resalta.
Franquis explica que si bien una vez comience la negociación con el Estado se analizará la situación «línea a línea», con la perspectiva actual, la alternativa podría ser establecer las OSP no de forma generalizada sino solo en determinadas rutas, «fundamentalmente en aquellas que sufren mayores incrementos».
Sin embargo, según las aerolíneas, la declaración de las OSP a rutas que unan las Islas con el territorio peninsular no está exenta de riesgos, ya que podría tener un efecto contrario y acabar afectando a la oferta. Así lo advierte el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, quien recalca que la propia Comisión Europea ya advirtió en una directiva en 2017 de que se debe poner «el máximo esmero» en la evaluación de las repercusiones de este tipo de obligaciones, ya que pueden tener un efecto contraproducente y acabar reduciendo las conexiones si existen compañías que explotan estas rutas.
«La situación ahora es extraña por la pandemia, pero Canarias nunca había estado tan bien conectada como en 2019, con 56 rutas directas entre distintas islas y la Península a precios competitivos», destaca Gándara, quien asegura que «realmente no existe» un problema de falta de competencia. Además, insiste en que las Islas ya han recuperado el 80% de la capacidad aérea perdida por la pandemia y que, exceptuando fechas clave donde sí puede producirse un encarecimiento de las tarifas, los precios son asequibles. «Creemos que el sistema actual funciona y ofrece conexiones y precios impensables hace solo veinte años», aclara.
Por otro lado, las patronales turísticas de las Islas insisten en que se deben tomar medidas para evitar la escalada de precios que dificulta la llegada de visitantes nacionales al Archipiélago. Juan Pablo González, gerente de Ashotel, recalca que Canarias necesita «conexiones estables, permanentes y a unos precios razonables», y asegura que cualquier medida que camine en este sentido «será bienvenida», mientras que José María Mañaricua, presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, indica que es el Ministerio el que debe tomar la mejor decisión para Canarias. «Tienen los informes, conocen los datos, ahora hay que actuar», manifiesta.
