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Canarias gastó millones de euros en material sanitario inservible, según la Audiencia de Cuentas

El informe del órgano, pendiente de su aprobación, detecta en La Candelaria seis millones y medio de mascarillas defectuosas

Conrado Dominguez a la salida del Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. EFE

La Audiencia de Cuentas aún no ha aprobado el informe en el que detecta numerosas irregularidades en las contrataciones que realizó el Gobierno durante la pandemia para la adquisición de material sanitario. Según este informe el Ejecutivo no comprobó la solvencia de las empresas y muchos contratos fueron con empresas que no tenían experiencia en sanidad y se dedican a actividades de lo más dispares, con gastos de varios millones de euros en material inservible.

El Gobierno se justifica en la emergencia en las alegaciones que realizó al texto, pero el proyecto de informe elaborado por la Audiencia de Cuentas es claro y rebate al Gobierno citando un dictamen del Consejo de Estado: "incluso en la contratación de emergencia, la Administración tiene la obligación de comprobar la capacidad y la solvencia de las empresas que contrata".

El informe, desvelado por la Cadena Ser, constata por ejemplo que en el almacén del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, hay seis millones y medio de mascarillas defectuosas, guantes inútiles, equipos de protección individual inservibles o botes de gel hidroalcohólico que no valen para nada. Más de dos millones de euros de material adquirido durante la pandemia.

Más allá del caso mascarillas, el informe detecta otros contratos supuestamente irregulares y que no se ciñeron a lo estipulado en la contratación pública.

El alcance de la contratación puede ser mayor porque este informe solo recoge 106 de los 1.390 contratos que se realizaron durante la pandemia. De los 106 analizados hay 35 en los que no consta ni la justificación del gasto a realizar, ni siquiera la justificación de la tramitación de emergencia. Además, el Servicio Canario de Salud realizó gastos por encima de los dos millones de euros sin contar con la autorización del Gobierno.

El informe fue llevado a pleno de la Audiencia de Cuentas pero no ha sido aprobado por el mismo. Pese a ello las supuestas responsabilidades contables que se concluyen del informe han sido trasladadas al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía.

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