CC y PP instan al Parlamento a buscar responsables sobre el 'caso mascarillas'

José Alberto Díaz-Estébanez, del grupo Nacionalista, y Carlos Ester, del grupo Popular, piden a todos los partidos de la Cámara que apoyen esta comisión de investigación para dirimir las responsabilidades políticas. A su juicio, los cargos públicos que participaron en el comité de emergencia sanitario que creó el Gobierno de Canarias en marzo de 2020 por la crisis sanitaria del covid debe dar explicaciones de lo ocurrido. Del comité formaban parte el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez; el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez; y el anterior director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y viceconsejero de Presidencia, respectivamente.

También estaba en el comité Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, encargado de gestionar el contrato y que luego paso a dirigir el Servicio Canario de Salud, del que ya se había hecho cargo en la legislatura anterior con el Gobierno de CC. Domínguez dimitió hace una semana por su imputación judicial.

El 'caso mascarillas' llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, si bien la investigación ha sido asumida esta semana por la Fiscalía Europea al considerar que se pudieron utilizar fondos de la Unión Europea.

En estos momentos están imputados Conrado Domínguez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias; la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación; y el empresario Rayco Rubén González, propietario de RR7, la empresa de compraventa de automóviles a la que se encargaron las mascarillas, por estafa agravada y blanqueo de capitales. El juez al cargo del caso ha incluido en la investigación un quinto delito: malversación.

"Se hizo una operación de compra de un millón de mascarillas de protección para personal sanitario con un precio de cuatro millones de euros, y hoy dos años y medio después, no hay dinero, no hay mascarillas y lo que sí hay es un reguero de indicios de irregularidades detectados por la Audiencia de Cuentas, y lo más llamativo, de imputaciones judiciales detectadas por la Fiscalía Anticorrupción ( y Europea) con querella y procedimiento abierto en el juzgado", sentenció Díaz-Estébanez-

"El Parlamento de Canarias no puede quedar impasible ante la gravedad de estos hechos y su repercusión social y es su deber dar una respuesta adecuada a la ciudadanía", coincidieron los dos diputados de la oposición, quienes exigen a todos los grupos parlamentarios "que no se escondan, que no sean cobardes y que respondan a la ciudadanía".

Díaz-Estébanez reclamó "un mínimo de coherencia" a estos grupos, especialmente a Sí Podemos Canarias y Nueva Canarias, con lo manifestado en anteriores ocasiones en otros casos para apoyar esta investigación parlamentaria.

Por su parte, Carlos Ester subrayó que, si los grupos del Gobierno rechazan la comisión, "habrá que preguntarse qué tienen que ocultar", porque "no hay excusas" para no dar transparencia a este escándalo.

En el registro de la petición de la comisión de investigación ambos grupos formulan distintas preguntas sobre la compra de las mascarillas a los miembros del comité relativas a si conocían la operación, qué habilitación competencial tenía el coordinador del comité para dar instrucciones al Servicio Canario de Salud para realizar la operación y quién decidió que la empresa RR7 reunía garantías, experiencia y solvencia económica para esta operación, una empresa que no pertenecía al sector sanitario.

Aunque ya hay un procedimiento judicial abierto por la Fiscalía, creen que la Cámara también debe indagar si había algún contrato o documentación sobre la operación y la forma de pago, que fue por adelantado, así como sobre los plazos de entrega y sobre los permisos para llevarlo a cabo.

"Realmente lo que venimos a reclamar con esta comisión es que, con luz y taquígrafos, se aclare quién tomó las decisiones y bajo qué premisa legal; para lo que se plantean casi una veintena de preguntas claras, evidentes y concretas que se hace imprescindible contestar”, recalcó el diputado nacionalista.

Díaz-Estébanez insistió en que no se pretende con esta Comisión colisionar con la labor de la Justicia, sino ofrecer a la ciudadanía “las explicaciones que se merecen, con garantía de establecer las responsabilidades políticas a que hubiera lugar y el establecimiento de unas condiciones para que no se repita en el futuro un escándalo de estas dimensiones que pueda quedar impune”.

En este sentido, pretenden aclarar si hay algún acuerdo del Gobierno de Canarias para la creación del comité sanitario, ya que no consta, con lo cual, según los grupos de la oposición, lo conocido hasta ahora puede ser "la punta del iceberg" y suscita dudas sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los responsables públicos del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, quieren desvelar los motivos por los que, según la Audiencia de Cuentas, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tiene almacenado 6,6 millones de unidades de productos sanitarios contra el covid, como guantes, mascarillas y gomas sin válvula ajustable, que tienen un valor de 2,1 millones de euros y el resto del dinero entienden que se ha quedado supuestamente en comisiones.

Además de saber cómo se gestó el contrato, nacionalistas y populares reclaman que el Parlamento indague en su ejecución y resolución, así como en sus modificaciones, y también en la actuación del Gobierno cuando se detectó su incumplimiento. Aunque en marzo de 2021 llegó finalmente un cargamento de 910.000 mascarillas, menos de las comprometidas, y estaban falsificadas, por lo que fueron detenidas en Aduanas por la Agencia Tributaria y destruidas.

CC y PP preguntan, si el material era falsificado y es un delito, por qué el Gobierno no puso esos hechos en conocimiento de la Justicia y, por el contrario, continuaron los contactos con la empresa para "renegociar" las condiciones de un contrato que, en realidad, ya estaba resuelto y con lo que se pretendía suministrar mascarillas de peor calidad a unos precios que "ni de lejos eran los mismos que un año antes".. En todo caso, la entrega tampoco se produjo.

"El propio presidente del Gobierno" ha sido llamado a declarar como testigo por la "insuficiente colaboración, información y explicaciones ofrecidas por Ejecutivo" a la Fiscalía Anticorrupción, indican. Piden que a Torres que no esconda la cabeza como un "avestruz" y dé la cara ante los ciudadanos.