Coalición Canaria (CC) se ha afanado para armar su argumentario político sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023. O más bien contra el proyecto de ley de presupuestos para 2023, ya que el texto elaborado en la Consejería de Hacienda, que dirige Román Rodríguez, no reúne los ingredientes que las Islas necesitan –no a juicio de los nacionalistas– para salir del atolladero de la crisis de precios que azota la economía occidental. El grupo parlamentario de CC incluso le ha remitido ya al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, una carta y un documento adjunto con una larga serie de medidas y modificaciones para «mejorar» los presupuestos del Ejecutivo. Medidas y modificaciones para, en definitiva, «aliviar la economía de las familias, empresas y sectores productivos cuya sostenibilidad financiera se tambalea debido al alza generalizada de los precios», explicaron ayer los diputados de CC Rosa Dávila y José Miguel Barragán. Entre otras muchas cosas, los nacionalistas insisten en la urgente necesidad de rebajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%, es decir, devolverlo al porcentaje en que estaba en 2012, cuando se incrementó de forma temporal –así se anunció– para en realidad convertirse en estructural.

En la misiva al presidente, los nacionalistas le manifiestan su voluntad de diálogo, si bien se preguntan de forma retórica si «¿está dispuesto el Gobierno a asumir un diálogo y buscar el consenso sobre las medidas que faltan para hacer que este presupuesto para 2023 sea una herramienta eficaz y una oportunidad para el conjunto de la ciudadanía o nos encontraremos de nuevo con una acción unilateral del Ejecutivo canario para afrontar este momento de incertidumbre?».

Dávila y Barragán se detuvieron en las medidas de alivio fiscal anunciadas por el vicepresidente Román Rodríguez. Los diputados de CC plantean una rebaja del 1% en el tramo autonómico del IRPF para las familias en los primeros cuatro tramos; la deflactación de las tarifas del IRPF de acuerdo con la evolución real de los precios desde 2020; la actualización de deducciones; y el establecimiento de nuevas deducciones para compensar el extracoste de la ultraperiferia y la doble insularidad a las personas que tengan unas rentas inferiores a los 42.900 euros, si la declaración es individual, o menores de 57.200 si se realiza de forma conjunta. En el marco del IGIC, CC propone ampliar el Régimen Especial del Pequeño y Mediano Empresario y Profesional en favor de aquellos que facturen hasta 50.000 euros al año y dar la posibilidad de inscribirse en este durante todo el ejercicio. Al margen de esa bajada del tipo general del IGIC al 5% al menos durante 2023 y al 2,75% el tipo reducido, CC también plantea la aplicación del tipo 0 para la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente, que en este momento se encuentra en el 3%. Asimismo proponen también la aplicación del tipo 0 –lo que de facto supone la supresión del impuesto– para el transporte de viajeros y mercancías de servicio público por vía terrestre y eximir a las empresas del sector primario, que tienen tipo cero, de adelantar el IGIC al Gobierno de Canarias.

El lote de medidas y modificaciones presupuestarias avanzado ayer por Dávila y Barragán también aboga por dar ayudas directas, aunque a determinados colectivos y bajo determinadas circunstancias. Así, las subvenciones irían destinadas para pymes y autónomos y para las empresas que apoyen a los jóvenes emprendedores.

Uno de los apartados en los que más se detienen las propuestas de los nacionalistas es el de la reconstrucción de La Palma tras la erupción. Los diputados insistieron, además de en la necesidad de definir un plan plurianual de cinco años, en la colaboración con el Colegio de Psicólogos y la Asociación de Salud Mental de La Palma, en la recuperación de las fincas de plátanos bajo la lava y en la planificación de las condiciones y pago de las propiedades perdidas y no cubiertas por el consorcio de seguros. En servicios sociales se propone realizar una actuación estructural para abordar la minoración de las listas de espera sanitaria, la revisión de los precios que se pagan a los operadores del sector de servicios sociales; y mejorar las aportaciones en dependencia.

«Es incomprensible que el Gobierno haya cerrado sus presupuestos con superávit, recaude más que nunca y tenga capacidad de endeudamiento y no revierta estas condiciones en quienes están asfixiados por la inflación», señaló Dávila.