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Rodríguez avisa que la inmigración masiva «amenaza» la sostenibilidad

El vicepresidente del Gobierno canario quiere recuperar el polémico debate sobre el control poblacional, que choca con el derecho comunitario de libre circulación

Román Rodríguez habla por teléfono en el Parlamento de Canarias. Delia Padrón

El Gobierno de Canarias, por medio de su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, alentó ayer el recurrente y polémico debate sobre el control poblacional al afirmar que la inmigración masiva «amenaza la sostenibilidad» de las Islas. Es más, también «compromete la recuperación».

El nacionalista, ex de Coalición Canaria y líder de Nueva Canarias (NC), explica en un comunicado difundido por el Ejecutivo autonómico que el notable incremento de la población del Archipiélago en las últimas décadas –«desmesurado» en sus propias palabras– pone en riesgo «la recuperación social y económica». Un incremento que se debe sobre todo a la inmigración desde terceros países de la Unión Europea (UE) y desde otros puntos de España –en este caso ni siquiera cabe hablar de inmigración en sentido estricto–. Así lo argumenta Rodríguez en la nota, una nota en la que, sin embargo, no aparece ni una vez la palabra inmigración.

El vicepresidente recuerda que la población canaria ha aumentado alrededor de un 30% en lo que va de siglo, frente a un incremento inferior al 4% en autonomías como el País Vasco. Además, el también responsable de las áreas de Hacienda y Asuntos Europeos pone énfasis en que de los 530.000 habitantes que ha ganado la región en las dos últimas décadas, «solo» 70.000 se deben al crecimiento vegetativo, esto es, a la diferencia positiva entre el número de nacimientos y el de fallecimientos. «El resto, unos 460.000, son personas que llegaron de otras partes del mundo, fundamentalmente de otras Comunidades Autónomas y de la Unión Europea», ahonda Rodríguez. Es decir, que son inmigrantes. Este hecho es para el líder de NC una «circunstancia muy relevante frente a los discursos xenófobos selectivos», apunta en alusión a los grupúsculos que ven un problema socioeconómico en la inmigración irregular proveniente del África Occidental, cuando lo cierto es que menos del 11% de la población extranjera procede del continente negro, un porcentaje que, además, lo integran inmigrantes tan legales como británicos, alemanes o neerlandeses.

El caso, siempre a juicio de Rodríguez, es que el sensible crecimiento de la población, y por ende los extranjeros o nacionales de otras autonomías, compromete el futuro de Canarias: es lo que está detrás de los históricos altos índices de paro que sufren las Islas y lo que, dice, «tensiona» las infraestructuras existentes, desde las carreteras hasta los hospitales, pasando, claro, por las depuradoras de agua. Es más, los 2,5 millones de habitantes que habrá en la región dentro de once años, según las previsiones del Consejo Económico y Social (CES), son «una barbaridad insostenible». «Una barbaridad insostenible desde cualquier punto de vista», agrega el responsable de la Hacienda autonómica, que en todo caso hace un llamamiento a debatir al respecto «de forma rigurosa y sin posiciones cerradas previas». Pese a ello, al vicepresidente del Gobierno de Canarias le parece «claro» que hay que buscar «fórmulas que posibiliten frenar un crecimiento poblacional descontrolado para seguir reduciendo el desempleo, mediante una gestión adecuada del territorio y de los recursos naturales».

En el comunicado, el nacionalista recupera el informe elaborado por el comité de expertos que en su día, hace cerca de 20 años –precisamente cuando Rodríguez presidía el Ejecutivo regional–, concluyó que «la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial; las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas». No obstante, no son pocos los expertos –y los datos– que han manifestado y que evidencian que el problema socioeconómico del Archipiélago no está en la población, sino en la productividad.

La economía canaria se fundamenta en actividades, con el turismo como gran exponente, muy intensivas en mano de obra, actividades que, además, no han escalado o progresado hacia una mayor productividad, hacia una mayor creación de valor. La población, o el incremento poblacional, es un última instancia la reacción a esas actividades muy intensivas en mano de obra, que, por cierto, nada o poco tienen que ver con el tejido productivo del industrial País Vasco. En definitiva, y según esta otra tesis, es la productividad –en el caso de Canarias su baja y hasta bajísima productividad– la que explica las tendencias poblacionales, sobre todo, en el caso canario, desde finales de los ochenta del siglo pasado.

Sea como sea, el control de la población en sentido estricto es un imposible, por cuanto choca con el derecho comunitario de libre circulación de las personas. Por eso Rodríguez saca a colación las extintas directrices de ordenación territorial y directrices sectoriales del turismo como la vía indirecta «para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional».

El factor humano

Las tesis que abogan por el control poblacional –directo o indirecto– no tienen en cuenta que las personas, el capital humano, no solo no son un problema, sino que de hecho son una oportunidad. El capital humano puede así medirse solo en términos de costes –por ejemplo cuánto influye el crecimiento de la población en la saturación de las carreteras o de los servicios públicos–, o puede también medirse a partir de su aportación a la sociedad, sin ir más lejos en términos de conocimiento. El problema, ya estudiado, es que los territorios altamente dependientes de actividades como el turismo, actividades muy intensivas en mano de obra, es decir, que requieren muchos trabajadores, son un polo de atracción de nueva población. O mejor dicho: de más nueva población que la que puede atraer, verbigracia, el industrial País Vasco, básicamente porque trabajar en la región del norte peninsular exige, siempre por lo general, mayor formación y capacitación.

Una controversia que viene y va

El del control de la población y los perjuicios de la inmigración masiva no es un debate nuevo en la política y la sociedad canarias. Ni mucho menos. De hecho es una discusión que viene y va cada cierto tiempo y que incluso podría calificarse ya de costumbre habitual en el Parlamento autonómico, que ahora incluso cuenta con una comisión de estudio del reto demográfico. Tampoco es una novedad que sea precisamente Román Rodríguez, ahora vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, quien avive o pretenda avivar una controversia que él mismo agitó en su etapa en la presidencia del Ejecutivo autonómico, hace ya casi veinte años y cuando aún militaba en Coalición Canaria (CC). «Han pasado casi dos décadas desde que el comité de expertos que promoví como presidente del Gobierno presentara sus conclusiones sobre este asunto, tan vigentes como inaplicadas», recordó ayer en el comunicado el propio Rodríguez, el mismo en el que también reconoce la inutilidad de pretender una normativa de residencia de consumo interno que cierre las puertas a la inmigración. No en vano, la ley de libre circulación de las personas es uno de los pilares de la Unión Europea, y en esto no hay estatus ni ultraperiferia alguna con la que ir a Bruselas a justificar una excepción. Otro ferviente partidario del control poblacional, idea con la que también flirtearon Adán Martín y más recientemente Fernando Clavijo, fue Paulino Rivero, que incluso hizo de esta pretendida necesidad una de las banderas ideológicas de su segundo y último mandato. Fue Rodríguez, no obstante, el que dio el paso más relevante en esta línea con aquella primera moratoria turística que frenó las licencias hoteleras: incrementar los niveles de productividad de una economía siempre es más difícil, mucho más difícil, que limitar la actividad. Si Canarias lograse mejorar aquella, mejorar la productividad, se haría realidad eso de que la población se autorregula.

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