El del control de la población y los perjuicios de la inmigración masiva no es un debate nuevo en la política y la sociedad canarias. Ni mucho menos. De hecho es una discusión que viene y va cada cierto tiempo y que incluso podría calificarse ya de costumbre habitual en el Parlamento autonómico, que ahora incluso cuenta con una comisión de estudio del reto demográfico. Tampoco es una novedad que sea precisamente Román Rodríguez, ahora vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, quien avive o pretenda avivar una controversia que él mismo agitó en su etapa en la presidencia del Ejecutivo autonómico, hace ya casi veinte años y cuando aún militaba en Coalición Canaria (CC).
«Han pasado casi dos décadas desde que el comité de expertos que promoví como presidente del Gobierno presentara sus conclusiones sobre este asunto, tan vigentes como inaplicadas», recordó ayer en el comunicado el propio Rodríguez, el mismo en el que también reconoce la inutilidad de pretender una normativa de residencia de consumo interno que cierre las puertas a la inmigración. No en vano, la ley de libre circulación de las personas es uno de los pilares de la Unión Europea, y en esto no hay estatus ni ultraperiferia alguna con la que ir a Bruselas a justificar una excepción.
Otro ferviente partidario del control poblacional, idea con la que también flirtearon Adán Martín y más recientemente Fernando Clavijo, fue Paulino Rivero, que incluso hizo de esta pretendida necesidad una de las banderas ideológicas de su segundo y último mandato. Fue Rodríguez, no obstante, el que dio el paso más relevante en esta línea con aquella primera moratoria turística que frenó las licencias hoteleras: incrementar los niveles de productividad de una economía siempre es más difícil, mucho más difícil, que limitar la actividad. Si Canarias lograse mejorar aquella, mejorar la productividad, se haría realidad eso de que la población se autorregula.
