CC desmiente a Torres: el anterior Gobierno construyó 104 viviendas
La Consejería de Obras Públicas insiste en que los ejecutivos nacionalistas no tramitaron en tiempo y forma las promociones
El Grupo Nacionalista Canario ha desmentido hoy viernes las afirmaciones del presidente regional, Ángel Víctor Torres, en referencia a que en desde hace ocho años no se ha construido vivienda pública en las Islas. Así lo expresó Torres durante el acto de colocación de la primera piedra este jueves de una nueva promoción de 16 viviendas de protección oficial en Ingenio, Gran Canaria. En la legislatura pasada gobernaba CC.
La diputada nacionalista Socorro Beato le recuerda "al señor Torres y al señor Sebastián Franquis", consejero del área, que "desde hace meses concluyeron 44 viviendas en El Tablero, Tenerife, que están a la espera de que el Ejecutivo actualice los listados de familias demandantes para adjudicarlas".
Asimismo, en Valverde se entregaron el mes pasado 24 viviendas, "tal y como publicó el propio gobierno, cuya construcción se inició en 2019 cuando todavía era presidente Fernando Clavijo".
"También están las 23 viviendas de El Paso, licitadas en 2017; y las 13 de El Sauzal, entregadas en 2018", enumera Beato.
La diputada nacionalista alude también al "intenso debate" celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias en torno a la política de Vivienda del Gobierno regional "un verdadero despropósito" desde su punto de vista.
"Si tenemos en cuenta que ellos -el actual gobierno- se encontraron el Plan de Vivienda prácticamente hecho, a falta de rubricarlo, acto que se hizo en marzo de 2020, no han hecho prácticamente nada en estos años", expone.
A su juicio, lo "más grave aún" es el rechazo a la propuesta de su grupo de acelerar la aprobación del Decreto que está en trámite y por el que los arrendatarios de vivienda pública pueden adquirirla.
Y es que, subraya, el Congreso está "a punto" de aprobar una ley que "impedirá esas adquisiciones si la norma canaria no se aprueba antes, ya que pretende regular la vivienda pública, invadiendo competencias autonómicas, con claros visos de inconstitucionalidad".
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