El Gobierno de Canarias activa este mes, a través de una encomienda a la sociedad pública Visocan, una ‘inmobiliaria social’ para que los propietarios de viviendas vacías en Canarias -en torno a 138.000- puedan ceder sus casas con el fin de ponerlas en alquiler a precios asequibles para los demandantes de pisos en las Islas (17.000), con la garantía de que van a cobrar cinco años el arrendamiento que fijen y un seguro para que se las devuelvan en perfecto estado.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, dirigida por Sebastián Franquis, lleva trabajando en este programa de casas vacías desde que se aprobó, hace 14 meses, el Plan de Vivienda y ya empieza su andadura.
Los inquilinos pagarán como máximo el 30% de sus ingresos y el resto el Gobierno
En un primer cálculo, tras las conversaciones con los propietarios, la Consejería estima sacar al mercado 400 casas con un presupuesto de 706.000 euros en incentivos al alquiler de estas viviendas, pero es un programa vivo en el que intentan captar al mayor número de ‘caseros’. De hecho, funciona en el País Vasco y Navarra y se realizará por primera vez en Canarias.
La directora general del Instituto Canario de la Vivienda (Icave), Maribel Santana, explica que se le hecho la encomienda a Visocan para su gestión y a lo largo de este mes abrirá ya la bolsa de viviendas vacías para que los propietarios, a través de un sistema informático, puedan poner sus hogares. A partir de ahí, Visocan irá viendo las viviendas disponibles y las personas apuntadas en el registro como demandantes de vivienda podrán acceder a ellas, y su alquiler nunca podrá exceder del 30% de sus ingresos. El resto del precio que haya acordado Visocan con los propietarios lo sufragará el Gobierno.
El objetivo es que todos los propietarios que tienen las viviendas vacías por temor a que se las destrocen o no les paguen las pongan en el mercado con el aval del Gobierno canario. Con esta herramienta informática podrán establecer los metros y el precio y, en función de ello, Visocan contratará con el propietario y le garantizará el pago, explica Maribel Santana.
Visocan actuará, por tanto, como una «inmobiliaria social», indica Maribel Santana, porque será la empresa que alquile y las condiciones y se encargará de cruzar los datos.
Alquiler real
El inquilino «no va a saber cuál es el alquiler real de la vivienda, solo va a saber lo que paga porque cada inquilino lo pagará a un precio distinto dependiendo de sus recursos», precisa.
La Consejería afirma que hay una gran expectativa de los dueños para sacar al mercado sus pisos
«Hay mucha expectación, porque muchas personas tienen una segunda vivienda pero no la ponen en alquiler por el miedo a no cobrar, a que les destrocen las casas y las mantienen cerradas, pero como les damos la garantía de que van a cobrar y de que la vivienda se las devuelven en el mismo estado hay mucha gente receptiva a este programa y tenemos una expectativa muy alta en ese sentido», asevera la directora del Icave.
En principio, han calculado esas primeras 400 viviendas con 706.000 euros pero el programa es de cinco años y cada año aumentará el dinero y, por tanto, esperan que se apunten muchos propietarios dado el alto volumen de viviendas desocupadas en Canarias.
El ejemplo de Euskadi
La fórmula que va a aplicar el Gobierno canario es similar a la de Euskadi y Navarra. Consiste en una firma de contratos de cesión del usufructo entre los propietarios de viviendas vacías y el Gobierno regional. La administración paga al propietario todos los meses durante cinco años haya arrendatarios o no en su propiedad, o incluso si estos dejan de pagar la renta al Gobierno. La Consejería de Vivienda ha establecido unos precios máximos de referencia según los metros cuadrados útiles de la vivienda para abonar a los propietarios la cesión de del usufructo. Con estos parámetros, el Gobierno pagaría por un piso de unos 75 metros cuadrados, sobre los 500 euros. Por su parte, Visocan, siguiendo este modelo, se encargará de cobrar las rentas mensuales directamente a los inquilinos de esas casas, con alquileres adaptados a la situación social de cada una de las familias. | F. M.
