Nueva Canarias (NC) cogió ayer el testigo de Coalición y continuó ejerciendo presión sobre Pedro Sánchez para que acceda a incrementar las ayudas a quienes perdieron sus casas por la erupción en La Palma. Los nacionalistas, tanto los que están dentro del Gobierno regional –NC– como los que están en la oposición –CC–, han formado así un extraño frente común en el que lo común es la exigencia compartida de mayores ayudas para los damnificados del volcán. El frente, eso sí, es más bien endeble: ambos partidos dicen lo mismo –al menos en el fondo– pero se cuidan mucho de mostrar que, efectivamente, están diciendo lo mismo.
El lunes fue Coalición Canaria, a través de sus diputados Nieves Lady Barreto y José Miguel Barragán, la que le reclamó al Ejecutivo central que incremente en al menos 40.000 euros –de los 60.000 concedidos a 100.000– la ayuda para las 573 familias palmeras que perdieron sus viviendas sepultadas bajo la lava, las llamas o la ceniza del volcán. Ayer, en el pleno del Parlamento autonómico, fue el portavoz de NC en la primera institución del Archipiélago, Luis Campos, quien trató de dejarle claro al jefe del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que la delicada coyuntura que atraviesa La Palma tras la erupción «tiene que estar en el centro» de lo que se hable y decida en la Conferencia de Presidentes que estos días se celebra precisamente en la isla bonita. Campos hizo hincapié en la importancia de que el Gabinete de Sánchez incremente el dinero por la destrucción de la vivienda de 60.000 a, «como poco», 90.000 euros.
«Es una oportunidad como pocas para situar a La Palma en el centro de las decisiones», insistió el portavoz parlamentario de NC en alusión al cónclave que sentará a Sánchez a la mesa junto a los 17 dirigentes de las Comunidades Autónomas –16 tras la enésima negativa del presidente de la Generalitat catalana, ahora Pere Aragonés, a participar en este órgano para la coordinación entre el Estado y las regiones–. Campos, en línea con los argumentos de sus correligionarios nacionalistas de CC, explicó que la «reconstrucción» de la isla tras el drama de la erupción del Cumbre Vieja es una labor que «compete a todo el Estado». Por eso, subrayó el representante de NC, es el Gobierno central el que debe sufragar el coste íntegro de la reparación o sustitución de las infraestructuras dañadas por el siniestro, algo a lo que se comprometió en principio pero de lo que ahora parece desmarcarse.
Hay que recordar que la cuantía prevista para quienes pierden sus casas por un fenómeno natural, como en este caso una erupción, es de 30.000 euros. No obstante, el Consejo de Ministros decidió duplicar esta cantidad hasta los 60.000 euros actuales, una suma que, en cualquier caso, tanto CC como NC juzgan insuficiente ante lo que implica perder la vivienda habitual.
